La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, anunció la entrada en vigor inmediata de un nuevo paquete arancelario que grava con tasas de entre el 10 % y el 12,5 % las importaciones provenientes de 60 economías.
La medida reemplaza el esquema tributario anterior antes de su vencimiento, como parte de la política comercial de la Administración de Donald Trump.
La USTR justificó la medida bajo el argumento de combatir el trabajo forzado en las cadenas globales de suministro, proteger el empleo local y corregir la competencia desleal.
Sin embargo, analistas e instituciones internacionales consideran que se trata de un mecanismo proteccionista que condiciona la carga fiscal al nivel de adopción de normas laborales locales: la tarifa máxima del 12,5 % se aplica a países sin prohibiciones explícitas contra el trabajo forzado, mientras que la del 10 % se reserva para quienes cuentan con acuerdos o medidas en desarrollo.
La disposición afecta de forma directa a América Latina: productos de Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ingresarán al mercado estadounidense bajo el gravamen del 12,5 %.
En tanto, las exportaciones de México y Ecuador tributarán al 10 %.
A escala global, economías como Canadá y el bloque de la Unión Europea enfrentarán la tasa del 10 %, mientras que China, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido quedarán sujetos al arancel superior del 12,5 %.
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