Nosotros somos, como pueblo y de acuerdo al Preámbulo de nuestra Constitución, un PODER ORIGINARIO, que, en su ejercicio está representado por la Asamblea Nacional Constituyente.
Mediante el voto libre y en referendo democrático, conformamos nuestro Contrato Social.
En este Contrato, al igual que los socios, que en la realidad son los dueños de una empresa, sea, Compañía Anónima, Compañía de Responsabilidad Limitada y otras, definidas en nuestro Código de Comercio, en cuanto al poder público, el pueblo, representa a esos accionistas, en todos los negocios de la República, deben en consecuencia, reputarse como los dueños absolutos del país.
En consecuencia, repito, al igual que esas figuras creadas de sociedades comerciales, donde las conforman personas naturales, personas que de acuerdo al Acta Constitutiva de dicha Sociedad, tienen responsabilidades y pueden nombrar a las personas, para que dirijan sus actividades. Ahora bien, en materia de orden público, nuestro Contrato Social, permite a los habitantes de la República, otorgarles mandatos a determinadas personas, para que puedan ejecutar las funciones propias del Estado y siempre en beneficio del país. Deberíamos tomar esto, como si fuéramos una Sociedad conformada para estos particulares, ello por analogía.
En caso del Estado como tal, estas personas, que dirigen los destinos del país, son nombradas por la mayoría de los habitantes nacionales del país, mediante el ejercicio del voto.
Así tenemos que nombramos a un presidente, quien será aquel que, ejecutivamente actúe en beneficio de los socios, nosotros los venezolanos, es nuestro representante.
Se le dan una serie de poderes, de acuerdo al Contrato Social y que en realidad son facultades constitucionales, que permite, a este personaje, dirigir la economía, las relaciones internacionales etc., siempre, digo, en beneficio de su pueblo.
De otra parte tenemos, que nosotros somos, los que nombramos, otorgándoles mediante mandato a personas, que van a estar al frente de esos Poderes, ello mediante el voto secreto.
Bueno, tenemos que, como se dijo arriba, las funciones de nuestra República, van muy semejantes a las funciones de una Sociedad Mercantil o civil debidamente constituida.
Esto lo refiero, ya que voy a tocar una de los resultados de las actividades de los Poderes Públicos, nombrados por nosotros, los venezolanos, las cual representan, el Producto Interno Bruto Per Cápita.
La participación del venezolano en las ganancias que obtenga la República, en sus actividades financieras y económicas, sean nacionales como internacionales, tendrían que ser comparadas, a las ganancias de una empresa o sociedad.
Es necesario saber cuál es el PIB per cápita, en cuanto se relacione, con los valores de todos los bienes y servicios generados, los cuales deberían corresponderle, a cada venezolano, cosa que no es así, en la realidad económica.
Muy parecido es esto, en cuanto a las ganancias a repartir, en una empresa o Sociedad Mercantil, en la cual, después de cerrar su giro económico, se hace el reparto, entre sus socios, de tales beneficios, por supuesto, con las previsiones de reservas.
El Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc) representa, el valor de todos los bienes y servicios finales, generados en un país, durante un año dado, el cual le correspondería a cada habitante, si dicha riqueza se repartiera a todos por igual, cosa que no se hace y solo se reparte medianamente, con los servicios de seguridad, salud, etc. Dibujadas como Misiones, que por lo demás es algo se asemeja a este criterio.
Tomando en cuenta que, ese Producto Interno Bruto, genera valores que le corresponden a cada habitante de un país, basaré este criterio, para recomendar que en realidad, por ser los habitantes de un país, propietarios de esos bienes y servicios, se debería darle a cada uno, lo que se representa en ganancias, producidas en ese periodo.
De acuerdo a lo antes señalado, la Teoría Económica nos indica que a mayor P.T.B. mayor bienestar para un país, pero solo aplicando conceptos que se apartan indudablemente, de un verdadero beneficio al pueblo.
Con ello podremos garantizar que, eliminaríamos la pobreza, que generaríamos en todos nosotros, riquezas, no para fines incuestionables, sino más bien, para la seguridad social y económica- financiera del país.
Con la repartición de esos dineros, tendríamos que la gente, podrá darle satisfacción a sus necesidades.
Por supuesto que, el Estado como tal, debería tener un ingreso por este rubro, al igual que las empresas mercantiles, y en consecuencia, podríamos tomar si quiera, un TREINTA POR CIENTO (30 %) de ese PIB para repartirlo entre los habitantes del país, y el restante 70%, se cargaría al Tesoro, para darle cumplimiento al estado, de sus obligaciones como tal. Serian como aquellas reservas que fija el Código de Comercio en cuanto a sociedades mercantiles.
Para eso tendríamos que condicionar esto, de manera que, podamos sacarle provecho social, a esta entrega dineraria.
Por ejemplo, los que deberían recibir estas cantidades, serían los venezolanos por nacimiento, que sean mayores de 18 años y con un cumplimiento a futuro inmediato, de una obligación de prestarle un servicio a la República, como podría ser prestar el servicio militar, prestar ayuda a instituciones benéficas, prestar ayuda a hospitales o clínicas u otros servicios.
De otra parte, cada habitante tendría la obligación de prestar su colaboración, en el incremento de ese PIB, sea cual sea su actividad o funciones, así que, el empresario estaría obligado a producir bienes o servicios de calidad, ya que ello permitiría, el incremento de este factor. Quienes sean aquellos beneficiados, de estas entregas de dinero, deben por obligación, seguir prestando sus servicios, donde lo estaban prestando, al momento de entrar en vigencia, este formidable decreto. Nadie podría estar exento de la obligación de trabajar.
Sería el ciudadano venezolano, quien le interesaría, que ese PIB , se incremente, ya que con ello se incrementarían sus entradas. Como consecuencia de esto, el índice de delincuencia bajaría notoriamente y tendríamos un país, más fresco y radiante y seguro.
Esto por supuesto, debería ser estudiado por profesionales del ramo, de manera que podamos definitivamente, erradicar la pobreza y otros males.
El Estado seguiría tratando los males sociales, los males económicos y financieros, ahora de una manera más específica y sin problemas.
Los habitantes del país, podrán tratar sus problemas económicos personales de una manera clara, especifica y beneficiosa, habrá en consecuencia más efectivo circulando, produciendo aún más, riqueza en el país.
Desde todo punto de vista los beneficios serian inmensos, cada habitante mayor de 18 años, podrá disponer de dinero para cubrir sus necesidades e incrementar sus entradas.
No es posible que existan personas pidiendo en la calle, cuando por nacimiento, tienen medios y recursos propios para darle cumplimiento a sus exigencias económicas y financieras, que nunca les llegan, a excepción de algunos beneficios económicos que entrega el Estado, mediante las Misiones. Misiones estas que se acercan un poco a lo que se estima se haga de acuerdo a lo expresado en este artículo.
Un gobierno que implemente esto, sería un gobierno que permanecería, eternamente mandando.
El actual gobierno socialista, permitiría incrementar, los beneficios de todos los nacionales mayores de 18 años, no como una dadiva, sino como una obligación de darles, lo que se merecen, por ser propietario del país.
Debo señalar que, esta sugerencia, deviene de sólo el interés de que los venezolanos, entremos en un mundo lleno de posibilidades ciertas para su desarrollo y conformarse después, como un país pionero y sin necesidades de ninguna especie.
Nadie le diría que no, a la implementación de esta medida. Con esto no habrá oposición.
Por Dr. José Agustín Reveròn Orta
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