El Congreso de El Salvador, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, extendió este miércoles por 51.ª ocasión el régimen de excepción que sostiene la «guerra» del Gobierno contra las pandillas. La prórroga, aprobada sin debate previo con 57 de 60 votos, mantendrá suspendidas las garantías constitucionales hasta el próximo 29 de junio.
Bajo este marco legal, implementado desde marzo de 2022, las autoridades registran unas 92.300 detenciones. No obstante, el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele ha tenido que admitir la liberación de al menos 8.000 personas tras comprobarse su inocencia. El decreto justifica la extensión para «consolidar la desarticulación» de los remanentes criminales.
Presión civil y derechos humanos
Previo a la votación, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) interpuso ante la Corte Suprema de Justicia la cuarta demanda de inconstitucionalidad contra la medida. «El Gobierno afirma que este es el país más seguro del mundo; si es así, ¿por qué seguimos bajo régimen?», cuestionó Alfredo Mejía, vocero del movimiento.
La estrategia antipandillas se activó originalmente tras una ola de violencia que cobró más de 80 vidas en un fin de semana, atribuida por investigaciones periodísticas a la ruptura de un pacto oculto entre el Gobierno y las maras. Aunque organizaciones como Human Rights Watch exigen el fin de la medida por sumar más de 6.400 denuncias de abusos y unas 500 muertes bajo custodia estatal, la política goza de un 85% de aprobación popular y fue el motor para la reelección de Bukele.
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