El dirigente sindical y expreso político Daniel Romero presentó formalmente un expediente ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En el documento, denuncia una serie de amenazas sistemáticas contra los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y alerta sobre el riesgo de encarcelamientos o represalias tras las recientes jornadas de protesta en la entidad.
La acción ante el organismo internacional tiene como objetivo dejar constancia documental del amedrentamiento laboral en la región guayanesa, exigir salvaguardas efectivas para los manifestantes y prevenir la judicialización de las exigencias socioeconómicas de la masa obrera.
Desmienten señalamientos oficiales
En el escrito entregado, Romero rechazó de manera contundente los señałamientos emitidos por la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, en los que acusa a sectores laborales de presuntas irregularidades. El dirigente sostuvo que dichas afirmaciones carecen de sustento probatorio y buscan deslegitimar el reclamo social.
“Desmentimos de manera categórica todas y cada una de las acusaciones realizadas en contra de los trabajadores por la gobernadora del estado Bolívar, las cuales han sido efectuadas sin ningún tipo de evidencia, pruebas ni argumentos legales”, señala el texto consignado en la sede del organismo de la ONU.
Alerta sobre la integridad de los huelguistas de hambre
Romero responsabilizó directamente a los mandos policiales y militares desplegados en el estado Bolívar de cualquier agresión o detención arbitraria contra los trabajadores. Asimismo, solicitó atención prioritaria sobre los casos de Tomás Romero y Hugo Medina, dirigentes que se mantienen en huelga de hambre para exigir repuestas a sus demandas salariales y de beneficios socioeconómicos.
“Hago expresamente responsables a los cuerpos policiales y militares de cualquier afectación, agresión o encarcelamiento arbitrario que atente contra la integridad física de los trabajadores de la región y de la CVG”, advirtió.
Con la apertura de este canal ante las Naciones Unidas, los sectores laborales de Guayana buscan blindar el ejercicio del derecho constitucional a la protesta y visibilizar internacionalmente el deterioro del clima laboral y de derechos humanos en el sur del país.
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