El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó formalmente al Senado un plazo de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta tras la intervención de Ueno Bank, entidad financiera con la que mantuvo vínculos comerciales y cuyo cierre mantiene congelados los ahorros de miles de clientes.
A través de un mensaje en la red social X, el mandatario calificó de irrisorio el tiempo otorgado inicialmente, detallando que recibió la notificación de la acusación —compuesta por 15 páginas y más de 300 fojas de anexos— a las 22:15 del jueves. «Rechazo tener que defenderme en menos de 12 horas; eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos», afirmó Peña al difundir la carta enviada al presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez.
La crisis política se desató luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación por «mal desempeño de sus funciones», señalando presuntos conflictos de interés, cooptación del Estado y «puertas giratorias» debido a las acciones que Peña poseía en Ueno Holding hasta marzo de 2025. Aunque el gobernante presentó su renuncia durante la sesión parlamentaria del jueves, continúa formalmente en el cargo debido a que la sesión plenaria convocada para tratar su dimisión quedó sin cuórum tras el retiro de legisladores oficialistas.
El detonante institucional ocurrió el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el proceso de resolución y cierre de Ueno Bank al detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo legal exigido. La medida generó alarma social por la inmovilización de fondos de usuarios particulares y el riesgo sobre millonarios recursos públicos, principalmente procedentes de fondos de pensiones depositados en la firma privada.
Ante el pedido de prórroga, el presidente del Senado, Basilio Núñez, confirmó que evaluará con los líderes de las distintas bancadas si se modifica el cronograma del juicio. «No puedo negar que el derecho a la defensa es válido para cualquier ciudadano», declaró el legislador a la emisora ABC Cardinal.
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