El Gobierno de Bolivia destacó este domingo que el país suramericano avanza progresivamente hacia la «normalización» de sus actividades comerciales y de transporte. Esto ocurre luego de la entrada en vigencia del estado de excepción que facilitó la liberación de dos importantes rutas troncales en la zona andina —incluyendo una conexión clave hacia el Perú— que permanecían obstruidas por manifestantes.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó a los medios de comunicación que durante la jornada dominical quedaron totalmente «expeditas» la carretera que conecta las regiones de La Paz y Oruro, así como la arteria vial que enlaza a la sede de Gobierno con la localidad de Desaguadero, en la frontera con territorio peruano.
Desde tempranas horas, comitivas integradas por efectivos militares y policiales se desplegaron para remover piedras, escombros y otros materiales utilizados por los manifestantes para impedir el tránsito. Justiniano detalló que en el tramo hacia Desaguadero se registraron pequeños disturbios que obligaron el uso de gases lacrimógenos para dispersar a grupos opositores, razón por la cual se estableció un destacamento permanente en el lugar para prevenir nuevos cierres.
Alivio al desabastecimiento
Las autoridades manifestaron su satisfacción por la reapertura, subrayando que la liberación de la ruta internacional permitió de inmediato el ingreso de un centenar de camiones cisterna con combustibles destinados a abastecer a La Paz y la vecina ciudad de El Alto, las zonas más perjudicadas por las protestas. Asimismo, transportistas de carga pesada que llevaban más de 40 días varados en las carreteras lograron finalmente reanudar su marcha hacia el centro y occidente del país.
Sin embargo, el proceso de desbloqueo no estuvo exento de violencia en otras regiones. En el departamento de Cochabamba se vivieron momentos de alta tensión en la localidad de Llavini, donde grupos de manifestantes provocaron incendios en los cerros y detonaron cargas de dinamita para generar derrumbes sobre el asfalto. Las fuerzas del orden respondieron con agentes químicos y lograron detener a seis personas implicadas en los disturbios y en presuntas emboscadas contra choferes.
Alcance legal del estado de excepción
El presidente Rodrigo Paz decretó la medida excepcional con el propósito de disolver los bloqueos instalados desde el pasado 6 de mayo por sindicatos obreros, sectores campesinos y simpatizantes del exmandatario Evo Morales que exigen su renuncia. La disposición —ratificada por el Poder Legislativo— no contempla la suspensión de derechos ciudadanos, pero prohíbe formalmente la obstrucción de vías públicas, restringe el uso de elementos violentos o explosivos y faculta el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a las labores policiales.
El Ministerio de Defensa ratificó que el Poder Ejecutivo mantiene la plena disposición de dialogar con aquellos sectores que sostengan demandas legítimas, aclarando que los operativos de despeje vial se mantendrán durante los próximos días. Hasta el momento, las siete semanas de conflicto han dejado un severo impacto humanitario y económico, registrando escasez de insumos médicos básicos, pérdidas financieras por el orden de los 3.000 millones de dólares y un saldo lamentable de al menos 16 personas fallecidas.
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