Estados Unidos responsabilizó este lunes al Gobierno nicaragüense, que encabezan los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció el sábado pasado en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal.
«La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de 3 años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada», escribió el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un mensaje en X. «EE.UU. se solidariza con aquellos, como Brooklyn, comprometidos con una Nicaragua libre. Descansa en paz», añadió el texto.
Diagnóstico médico del régimen y posturas encontradas
Rivera, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’ en lengua miskita), permanecía ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades. Días antes de su muerte, la Administración estadounidense había condenado los actos de «violencia e inhumanidad» por parte del Gobierno de Ortega y exigido la liberación «incondicional» del exdiputado.
Por su parte, el Gobierno nicaragüense indicó —en una nota de prensa— que su fallecimiento ocurrió pese a «los enormes e intensos esfuerzos» realizados para recuperar la salud de «su hermano Brooklyn», y atribuyó su deterioro físico y neurológico a complicaciones derivadas de una «bacteria generada por la Covid-19».
Denuncias de aislamiento e incomunicación familiar
Por su parte, la hija del líder indígena, Tininiska Rivera, solicitó en la víspera a las autoridades que permitan a su familia recibir el cuerpo de su padre y despedirlo conforme a las tradiciones de su pueblo.
En un comunicado, la mujer también expresó su «profundo dolor y preocupación» por las circunstancias en que ocurrió la muerte del dirigente indígena y denunció que durante meses su familia permaneció sin acceso a información directa sobre su situación, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo durante su convalecencia.
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