Aguas Verdes (Perú).- A bordo de una pick-up, un contingente policial bordea la desolada orilla del río Zarumilla, en la frontera entre Perú y Ecuador, en una estéril lucha contra los grupos mafiosos que operan en la zona, porque los avances que logran de día se evaporan por la noche.
El grupo lo componen siete efectivos armados y se dirigen hacia algunas de las zonas más conflictivas de este espacio limítrofe para patrullar por los porosos pases clandestinos.
Allí, las bandas que cobran a los venezolanos que quieren atravesar la frontera construyen pasos improvisados en los alrededores del puente internacional. En su entorno, confluyen el tráfico de personas y el contrabando de gas, combustible, armas y estupefacientes, entre otros.
La actividad policial es constante y, buen ejemplo, es la localidad fronteriza de Aguas Verdes, donde una operación binacional desarrollada a finales de abril con cerca de 600 efectivos y ayuda de maquinaria pesada logró neutralizar una veintena de estos pasos artesanales, erigidos sobre el canal a base de maderas, cañas, neumáticos, sacos de arena, piedras o cemento.
Hoy, varios de estos puentes clandestinos lucen destruidos y reducidos a montañas de escombros, pero hay otros que ya están a medio reconstruir, pues los criminales volvieron a la carga en ese continuo «tira y afloja» con la policía, más propio de una batalla de intimidación que de la eficacia.
TRÁFICO DE PERSONAS Y CONTRABANDO
A la media hora de la caminata y apenas a unos pasos del río, los agentes ven a lo lejos un grupo de al menos siete adultos y cuatro niños venezolanos descansando bajo las ramas de un árbol que los escuda del sol.
La Policía sospecha que cruzaron desde las rudimentarias viviendas del lado ecuatoriano, ubicadas a escasos metros de la orilla, con la ayuda de los coyotes.
Al comienzo, los migrantes lo niegan. Pero su versión queda rápidamente refutada cuando dos encapuchados, ataviados con pasamontañas, se dejan entrever tras los barrotes de una casa de lado ecuatoriano.
«Seguramente van armados», comenta uno de los agentes, mientras el contingente da marcha atrás ante la imposibilidad de intervenirlos por estar en territorio extranjero.
Tras una breve negociación y con Efe como testigo, el grupo de venezolanos acaba reconociendo que, efectivamente, pagó unos cien dólares, diez por persona, a los coyotes para poder cruzar y pisar tierra peruana.
Tensos, se limitan a seguir las instrucciones de la policía, les entregan sus documentos y suben al patrullero que los llevará hasta la comisaría.
Allí, les harán firmar una constancia donde se notificará que están violando la ley migratoria peruana por haber entrado de manera irregular al país, pero tras superar estos trámites burocráticos podrán seguir su camino. Sin más. Es una escena habitual en esta latitud.
El operativo continúa en otro punto fronterizo caliente que hace solo unos días se manchó de sangre por un problema con los «cupos», como se conoce a la tasa que las bandas obligan a pagar a los venezolanos.
Al llegar, los agentes atrapan a cuatro hombres que, medio desnudos y hundidos en el canal, cargan de un lado al otro baldes de combustible que rellenan en Ecuador, donde el precio es más barato.
MAFIAS FORTALECIDAS
La presencia en esta zona de las mafias dedicadas al contrabando y al tráfico irregular de personas no es ninguna novedad, pero durante la pandemia de la covid-19, que mantuvo cerrada la frontera desde marzo de 2020 hasta febrero de este año, los coyotes se fortalecieron y sus actividades se agudizaron.
«El crimen organizado ganó mucho terreno en el tema de pases clandestinos durante la pandemia. Definitivamente, se organizaron bien y ahí está el resultado (…). Si eran dos (pases ilegales), nacieron veinte», explica en una entrevista con Efe el gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno de Tumbes, Luís Alfonso Cerna.
Según cuenta el funcionario, los recientes operativos dieron cuenta de los altos niveles de organización de estas mafias «de nacionalidades mixtas», que tienen «armas, logística y vehículos más sofisticados que la propia policía».
«Son fuertes y tienen sus negocios desde (la ciudad colombiana de) Cúcuta (en el límite con Venezuela). Cuando la frontera estaba cerrada, les cobraban duro (a los migrantes), los robaban, sus documentos, su ropa, también había casos de violencia sexual basada en género», coincide en declaraciones a Efe el jefe de la oficina de Tumbes de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, Rodrigo Valderrama.
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