El exfiscal del Ministerio Público venezolano y especialista en crimen organizado transnacional, Rolnar Sanabria, advirtió sobre el inminente deterioro de la seguridad en la frontera colombo-venezolana. Según el experto, la intensificación de las operaciones militares en el país vecino amenaza con desplazar un mayor número de estructuras armadas hacia los estados Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Amazonas.
La tensión bilateral se disparó tras la primera incursión aérea ordenada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, contra un campamento guerrillero en la región del Catatumbo. En respuesta, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejecutó un ataque con drones cargados de explosivos contra una base militar situada en el municipio de Convención, Norte de Santander.
Sanabria, con amplia trayectoria tras su paso por la fiscalía del estado Táchira y su participación internacional en el Cuarto Congreso Forense de Medellín, detalló la envergadura del despliegue.
El ELN mantiene una estructura binacional superior a los 6.000 combatientes, de los cuales aproximadamente 1.400 operan activamente en territorio venezolano (distribuidos en Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas).
Por su parte, las disidencias de las FARC (facciones de «Iván Mordisco») están desplegando cerca de 200 efectivos armados repartidos entre Zulia, Táchira y Apure.
Mientras que la Segunda Marquetalia resguarda a 13 de sus principales mandos dentro del territorio venezolano.
A esta dinámica subguerrillera se suma la disputa territorial por los pasos irregulares o «trochas». Bandas criminales como ‘La Línea’ —integrada por exmiembros del Clan del Golfo— combaten abiertamente contra el ELN y el Tren de Aragua por el control del tráfico ilegal entre las poblaciones de Bolívar y Pedro María Ureña.
Este fenómeno se expandió exponencialmente tras el cierre de los pasos formales en 2019, consolidando un negocio millonario dominado por el chantaje y la violencia contra la población civil.
Nuevo Plan Colombia y la vulnerabilidad migratoria
La estrategia de mano dura impulsada por la administración de De la Espriella cuenta con un respaldo financiero y logístico de 1.000 millones de dólares otorgados por Estados Unidos, en el marco de la ‘Coalición contra los Cárteles’.
Sin embargo, el endurecimiento de las políticas en Bogotá ha encendido las alarmas por sus posibles repercusiones sobre los casi tres millones de venezolanos residentes en territorio colombiano.
El inicio de jornadas de deportación enfocadas en la población sin documentos genera inquietud por la delgada línea analítica entre delincuencia organizada y migración en estado de vulnerabilidad, amenazando con impactar a cientos de miles de personas que quedaron desprotegidas tras el cierre de los mecanismos de regularización.
Por último, Sanabria enfatizó que, mientras Colombia avanza con resultados tangibles en su estrategia de contención, Venezuela carece de una política de seguridad fronteriza sistemática y comprobable.
El especialista concluyó que la detención de Nicolás Maduro no se ha traducido en el desmantelamiento de las redes institucionales que históricamente ampararon a estos grupos; por tanto, sin un saneamiento profundo de esas complicidades, la presión militar en el Catatumbo solo provocará un repliegue estratégico de los irregulares hacia el lado venezolano.
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