Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador evalúa este lunes el recurso presentado por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) para suspender la ejecución de la condena de cinco años de prisión recibida por el delito de cohecho. El fallo judicial lo vincula con el esquema de sobornos de la empresa estatal china Sinohydro para facilitar el financiamiento de Coca Codo Sinclair, la principal central hidroeléctrica del país.
La audiencia, desarrollada en la sede de la CNJ en Quito, analiza la solicitud de Moreno para acogerse a la suspensión condicional de la pena. De ser aceptado, este mecanismo jurídico le permitiría eludir el ingreso a un centro penitenciario a cambio de someterse a un régimen de supervisión y cumplir con las condiciones fijadas por los magistrados.
Petición familiar y marco legal
La solicitud no se limita al exmandatario. La misma medida fue tramitada por su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y sus hermanos, Edwin y Guillermo, todos sentenciados a dos años y seis meses de prisión en calidad de cómplices. A ellos se sumaron otros siete condenados dentro de la misma causa.
Aunque los escritos se remitieron el pasado lunes 31 de agosto, la diligencia quedó fijada formalmente para este lunes. Para respaldar el recurso, la defensa de la familia Moreno invocó un artículo derogado del código penal ecuatoriano que se encontraba vigente al momento de los hechos. Dicha normativa contemplaba la suspensión de la pena para condenas que no excedieran los cinco años de privación de libertad, siempre que se demostrara el cumplimiento de los requisitos legales.
Trama de sobornos de Coca Codo Sinclair
La condena contra Moreno y otras 19 personas fue dictada el pasado 28 de agosto. El tribunal dio por probada la tesis de la Fiscalía General del Estado, la cual determinó que Sinohydro distribuyó aproximadamente 76 millones de dólares en coimas mediante una red de empresas de fachada e intermediarios, beneficiando de forma directa al entorno familiar del expresidente.
Los hechos juzgados se remontan a 2010, período en el que Moreno se desempeñaba como vicepresidente durante la administración de Rafael Correa (2007-2017). Según el dictamen de los jueces, intervino fuera de sus competencias para agilizar las gestiones en favor de la firma constructora china.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Moreno reiteró el rechazo a la sentencia y calificó de «totalmente falso» haber gestionado el financiamiento de la obra, la cual ha enfrentado severos cuestionamientos en años recientes debido a miles de fisuras detectadas en su infraestructura.
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