El despliegue de efectivos militares en el exterior de tres de las cinco cárceles declaradas en emergencia penitenciaria representa la primera acción de gobierno ejecutada por la administración de la presidenta Keiko Fujimori. La medida busca reestructurar el sistema penal, identificado por las autoridades como uno de los catalizadores de la criminalidad organizada en la nación andina.
La infraestructura carcelaria peruana alberga actualmente a más de 100.000 personas privadas de libertad en 69 recintos cuya capacidad conjunta es de apenas 40.000 plazas. Según la tesis del Ejecutivo, la saturación ha permitido que los cabecillas de grupos delictivos continúen coordinando extorsiones a comercios y empresas mediante amenazas de muerte desde el interior de los pabellones.
Despliegue estratégico y áreas críticas
Las Fuerzas Armadas asumieron la custodia perimetral en establecimientos estratégicos. En la capital, las operaciones se concentran en las cárceles de Ancón I y Miguel Castro Castro, esta última entre las que presenta mayores niveles de sobrepoblación.
Asimismo, el Ejército se instaló en el penal de Trujillo, ubicado a 560 kilómetros al norte de Lima, zona impactada por hechos delictivos ligados a la minería ilegal. Dicha jurisdicción registró recientemente el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, hecho que derivó en la detención de Johnsson Cruz Torres, presunto líder de la banda «Los Pulpos».
La declaratoria de emergencia abarca también el penal de Cochamarca, en la región andina de Pasco, y el establecimiento de máxima seguridad de Challapalca, situado a 4.600 metros sobre el nivel del mar en el altiplano de Tacna.
Facultades legislativas y nombramientos
Para formalizar la reforma, el Ejecutivo solicitó al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un período de 120 días en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. El plan gubernamental contempla propuestas presentadas durante la campaña electoral, como la implementación del trabajo obligatorio para reos vinculado al acceso a la alimentación, así como un rol más activo de las Fuerzas Armadas en el orden interno.
El enfoque de seguridad se refleja en las recientes designaciones oficiales: el general del Ejército César Astudillo asumió la titularidad del Ministerio del Interior, mientras que el coronel de la Fuerza Aérea Abraham Lescano, especialista en inteligencia estratégica, fue nombrado al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Fallas de seguridad detectadas
La intervención coincide con los informes de la Contraloría General de la República, que tras una serie de inspecciones realizadas entre el 22 y 26 de agosto en penales como Ancón I, detectó irregularidades operativas. El organismo fiscalizador reportó la ausencia o avería de escáneres para el control de visitas y paquetes, fallas en los sistemas de videovigilancia y alumbrado, así como deficiencias en la conservación de la infraestructura física y los torreones de custodia.
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