
Más de 300 extrabajadores de las empresas contratistas Protecnica y Glencor se concentraron en las afueras de CVG Venalum, en la zona industrial de Matanzas, Puerto Ordaz, para exigir al Gobierno nacional y a la directiva de la reductora de aluminio que intercedan ante el impago de sueldos caídos y prestaciones sociales, una deuda acumulada que ya arrastra más de siete años.
Los manifestantes denunciaron que tanto Ingeniería y Proyectos de Plantas (Protecnica) como la transnacional Glencor pretenden eludir sus compromisos legales.
Específicamente, señalaron al empresario Salvador Barbera de intentar ingresar nuevamente a la factoría utilizando nombres de distintas razones sociales. De acuerdo con los afectados, esta estrategia busca evadir la responsabilidad laboral con los más de 400 exempleados que quedaron desamparados tras el colapso operativo.
Ante esta situación, los padres de familia elevaron una queja formal ante la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitando una revisión minuciosa del estatus legal de dichas compañías. Los trabajadores calificaron de injusto que el Estado otorgue nuevos contratos a empresarios que dejaron proyectos inconclusos dentro de la planta y que se niegan a comparecer ante el Ministerio del Trabajo.
Acciones legales y desacato patronal
José Brito, abogado defensor de los trabajadores perjudicados, aseguró que la gerencia de Venalum tiene pleno conocimiento de la situación, ya que los reclamos formales fueron recibidos por su consultoría jurídica. Explicó que, aunque el proceso administrativo en la Inspectoría del Trabajo falló a favor de los empleados, los dueños de Protecnica han ignorado las resoluciones y se burlan de la ley constituyendo firmas paralelas para seguir licitando en el sector del aluminio.
Debido a que esta conducta se ha convertido en una práctica recurrente, el abogado informó que el caso fue remitido al Ministerio Público y a la Fiscalía en materia de Derechos Humanos. Asimismo, ante la falta de respuestas oportunas, se introdujeron demandas formales en los tribunales laborales del estado Bolívar. El siguiente paso del equipo legal será notificar a la Procuraduría General de la República, señalando a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y a Venalum como corresponsables solidarios de estos derechos vulnerados.
Brito enfatizó que resulta inaceptable que se premie la irresponsabilidad de contratistas que pisotean los derechos del personal técnico y obrero, permitiéndoles participar en la nueva etapa operativa de las industrias básicas de Guayana.
Señalamientos contra la directiva de la estatal
Por su parte, José Patriz, uno de los trabajadores afectados, apuntó directamente contra Salvador Barbera y criticó que mantenga reuniones con el presidente de Venalum, Ángel González, para concretar el retorno de las operaciones.
Los denunciantes cuestionaron que la máxima autoridad de la estatal se preste a este tipo de acuerdos mientras ignora las misivas enviadas por los desempleados.
Los manifestantes recordaron que en el año 2022 el presidente de la reductora recibió a una delegación de los damnificados comprometiéndose a buscar soluciones institucionales, promesa que hasta la fecha no se ha cumplido.
Finalmente, ante los fuertes rumores del reinicio de operaciones logísticas de Glencor en las áreas de producción de dicha factoría, los afectados manifestaron su disposición de trabajar, pero advirtieron que volverán a tomar los portones de la empresa de forma permanente si no se garantiza primero la cancelación total de las deudas históricas.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!











