Familiares de militares considerados presos políticos exigieron este jueves la liberación de sus parientes durante una vigilia frente a la cárcel de Ramo Verde, en Miranda, antigua prisión de Leopoldo López. Califican a los efectivos del Ejército como «los grandes olvidados» en negociaciones y excarcelaciones, priorizando siempre a civiles.
Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres –detenido el 21 de enero de 2019 por manifestar contra escasez de medicinas, malas condiciones y sueldos paupérrimos–, denunció: «Los militares son tratados como traidores a la patria, cuando actuaron constitucionalmente fieles a su juramento de defender al pueblo». Sostuvo que en procesos como el anunciado el 8 de enero por Jorge Rodríguez –un «número importante» de liberaciones–, los uniformados quedan excluidos.
La defensora de derechos humanos Leida Brito relató que familiares pernoctan días a la intemperie en cárceles nacionales, «durmiendo en el piso, comiendo de la buena de Dios y turnándose para bañarse». En El Rodeo (Miranda), EFE verificó cobros de $5 por colchón nocturno, $10 por habitación con baño, $6-9 por almuerzo, sin contar traslados interestatales. «Esto es lo peor en la historia de los presos políticos; Venezuela no duerme hasta que salgan todos», afirmó Brito, insistiendo en su existencia pese a negaciones gubernamentales.
Foro Penal contabiliza 201 excarcelados desde Navidad hasta el miércoles, frente a 406 oficiales cuestionados por ONG. Rodríguez prometió «listas» el martes, aún no publicadas y reclamadas por activistas. Provea denunció «dilaciones indebidas y abusos autoritarios» que frenan liberaciones. La vigilía en Ramo Verde simboliza la lucha diferenciada de militares, vistos como leales al pueblo pero olvidados en la transición post-Maduro.
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