Familiares de presos políticos exigen excarcelaciones masivas y representación en las mesas de diálogo

Decenas de familiares de personas consideradas presos políticos, en su mayoría mujeres, se concentraron este martes en los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir la liberación masiva e inmediata de sus parientes y rechazar que las excarcelaciones se continúen realizando de forma gradual o «a cuentagotas».

En la manifestación, integrantes del colectivo Alianza por la Libertad —grupo que mantiene una vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas— desplegaron pancartas con el lema «Libertad para todos los presos políticos» junto a fotografías de los detenidos. De acuerdo con balances de la organización Foro Penal, la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos o procesos irregulares asciende a 372.

Demandas en el marco de la transición política y apoyo internacional

Representantes del movimiento manifestaron la necesidad de que los casos de las víctimas estén representados en las negociaciones políticas previstas entre los sectores parlamentarios. Gabriela Álvarez, vocera del grupo, enfatizó que buscan que la agenda de liberación sea central en los acuerdos de transición democrática y reiteró el llamado de respaldo a la administración estadounidense.

Entre las asistentes se encontraban familiares que viajaron desde el interior del país para sumarse a la protesta y acudir a los centros de reclusión. Tal es el caso de Magaly Sánchez, procedente del estado Monagas, quien se trasladó a la capital para exigir la liberación de su hijo, Félix Aguilera, arrestado en 2024. Asimismo, Yamile Vidal, hermana del exalcalde del municipio Independencia en Anzoátegui, Carlos Vidal, demandó su libertad al calificar su detención en 2022 como un procedimiento de índole política.

Alcance de la ley de amnistía y antecedentes del escenario actual

Las protestas y permanencias frente a recintos carcelarios se han intensificado tras los anuncios oficiales sobre excarcelaciones y la posterior aprobación de un marco normativo de amnistía.

El instrumento jurídico abarca un lapso histórico de 27 años (1999-2026); sin embargo, limita su aplicación a eventos específicos ocurridos en 13 años determinados. Esta delimitación excluye períodos intermedios, así como casos vinculados a actuaciones militares, delitos de corrupción, homicidio y violaciones a los derechos humanos, lo que ha generado observaciones por parte de defensores de derechos fundamentales y familiares que exigen una medida amplia y sin restricciones.

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