Al cumplirse nueve años del asesinato de Juan Pablo Pernalete durante las protestas antigubernamentales de 2017, sus padres, Elvira y José Gregorio Pernalete, solicitaron formalmente a la Fiscalía General de la República la reapertura y profundización de las investigaciones. La petición se hace en un contexto de renovación de autoridades en el Poder Ciudadano.
A través de un video difundido por la ONG Provea, los padres del joven estudiante de 20 años se dirigieron directamente a Larry Devoe, recientemente designado como Fiscal General por el Parlamento. En el mensaje, exigieron que actúe con «independencia e imparcialidad» para reabrir no solo el expediente de su hijo, sino el de todos los jóvenes fallecidos en las manifestaciones de hace casi una década.
«Pedimos que los autores materiales y toda la cadena de mando sean investigados y llevados a juicio», subrayaron, haciendo énfasis en que el sistema de justicia aún mantiene una deuda de responsabilidad con las víctimas.
Contradicciones en la versión oficial
José Gregorio y Elvira Pernalete recordaron que el Estado venezolano sostuvo inicialmente una versión falsa, alegando que el joven había muerto a manos de sus propios compañeros con una pistola de pernos. No fue sino hasta el año 2021 cuando el Ministerio Público admitió que el fallecimiento fue causado por el impacto directo de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
A pesar de este reconocimiento tardío, los familiares denuncian que no ha existido una reparación integral ni disculpas públicas. Además, señalaron que, hasta la fecha, solo un involucrado ha sido detenido para enfrentar juicio, dejando el resto de la estructura operativa sin sanciones.
Llamado a la Defensoría del Pueblo
La misiva pública también estuvo dirigida a la nueva defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, a quien instaron a cumplir con su mandato constitucional de luchar contra la impunidad. «No queremos venganza, pero no podemos olvidar que necesitamos justicia y la justicia no se negocia», sentenciaron los padres, quienes hoy actúan como portavoces de la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017.
Contexto de las protestas de 2017
La muerte de Juan Pablo Pernalete se produjo en el marco de una crisis institucional que estalló a finales de marzo de 2017, tras dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que suprimían las facultades de la Asamblea Nacional. Aquella ola de protestas sociales y políticas se extendió por varios meses y dejó un saldo de más de 120 fallecidos, marcando un hito en la historia contemporánea de Venezuela y generando una condena unánime de diversos organismos internacionales.
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