Decenas de personas fueron captadas este 27 de mayo al exigir la libertad de 78 presos vinculados a un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña

Un grupo de familiares se concentró este miércoles frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigirle al fiscal general, Larry Devoe, la liberación de 78 personas que continúan recluidas por el caso conocido como «Pdvsa-Obrero». Los afectados fueron arrestados entre 2024 y 2025 bajo acusaciones de presunto contrabando dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Lustay Franco, colaboradora del movimiento de familiares, precisó a los medios que la cifra real de investigados por esta causa asciende a unos 150 ciudadanos. De ese total, las políticas de amnistía y medidas especiales decretadas recientemente por el Gobierno nacional han permitido la excarcelación de 70 trabajadores (51 en una primera fase y 19 en un segundo lote). No obstante, los activistas denunciaron que las liberaciones parecen responder a un criterio «aleatorio» y exigen que el beneficio procesal se aplique formalmente a los 78 reclusos restantes, entre los que figuran seis mujeres.

Un grupo de personas fue captado este 27 de mayo al exigir la libertad de 78 presos vinculados a un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña                                                                                                                                                                                           Emergencia médica tras las rejas

Durante la manifestación, los ciudadanos portaron flores blancas de cartulina con los nombres de los detenidos mientras clamaban por «juicio y libertad». Franco advirtió que la situación dentro de los internados judiciales es crítica, ya que varios de los obreros encarcelados padecen condiciones crónicas de salud como hipertensión, diabetes, afecciones cardíacas, problemas renales y cáncer, las cuales no están recibiendo la debida atención médica.

Criminalización de la base obrera

La abogada y familiar de uno de los detenidos, Zimaru Fuentes, detalló que el esquema de detenciones inició en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz (Anzoátegui) y se extendió a los complejos de Carabobo, Falcón, Zulia, Caracas y La Guaira. Según la defensa, el caso investiga el presunto desvío de combustible hacia el exterior en el contexto del bloqueo internacional que afectaba al país. La jurista denunció que las autoridades «pusieron a pagar a la plana obrera por las acciones de personas de cuello blanco», imputándoles delitos graves como asociación para delinquir, legitimación de capitales, contrabando agravado y tráfico de materiales estratégicos.

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