José Breijo, un preso político de 73 años con doble nacionalidad venezolana y uruguaya, logró recuperar este miércoles las llaves de su vivienda ubicada en el noreste de Caracas. La devolución ocurrió a la medianoche, luego de que el septuagenario denunciara públicamente que su apartamento había sido invadido por el mismo funcionario policial involucrado en su detención hace más de dos años. Breijo, quien recibió el beneficio de arresto domiciliario tras su excarcelación, se vio obligado a dormir en el pasillo común del edificio hasta que un desconocido se presentó para entregarle el acceso al inmueble.
Una casa desvalijada
A pesar de recuperar las paredes de su hogar, Breijo constató que la vivienda fue completamente desvalijada; los ocupantes se llevaron desde los electrodomésticos hasta su ropa y libros. En las habitaciones solo permanecen una mesa, una nevera y un mueble propiedad del funcionario invasor, además de una cama provisional donada por la comunidad.
El afectado fue arrestado originalmente en 2023 tras fotografiar una bandera con inscripciones árabes, lo que desencadenó su reclusión en varios centros penitenciarios, siendo el último de ellos la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, de donde salió hace apenas tres días.
Precariedad y asistencia consular
El ciudadano uruguayo-venezolano enfrenta ahora un complejo cuadro de salud debido a un edema pulmonar que le mantiene las piernas vendadas e inflamadas, el cual es atendido de forma solidaria por una vecina. Al no tener familiares en el país —le pidió a su hijo residente en Buenos Aires no viajar por temor a represalias—, Breijo depende enteramente de una red de amigos locales para recibir alimentación y medicinas. Ante la falta de servicios básicos y comunicación, delegados del Consulado de Uruguay en Caracas lo visitaron para coordinar asistencia médica y canalizar la ayuda internacional de civiles interesados en su caso.
Patrón de vulnerabilidad estructural
Para la ONG Frente de Defensa del Norte de Caracas, liderada por Carlos Julio Rojas, la situación de Breijo no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática. La organización afirma que el 60 % de las víctimas de invasiones habitacionales en el municipio Libertador corresponden a personas de la tercera edad, y entre un 25 % y 30 % son ciudadanos extranjeros de origen español, portugués, italiano o uruguayo. Ante este panorama, el colectivo civil exigió formalmente al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, iniciar una investigación penal contra el funcionario involucrado para que asuma las consecuencias legales del desvalijamiento patrimonial.
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