Un grupo de familiares de presas políticas, acompañados por dirigentes estudiantiles y activistas de derechos humanos, protagonizó este martes una protesta frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la principal cárcel de mujeres de la región capital, ubicada en Los Teques, estado Miranda.
Los manifestantes exigieron a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de las detenidas y el cumplimiento real de los recientes compromisos gubernamentales sobre excarcelaciones masivas. Con carteles y consignas de apoyo, la marcha avanzó hacia el recinto penal bajo la premisa de no abandonar las calles hasta lograr la libertad plena de todas las prisioneras.
Denuncias de tortura y violaciones al debido proceso
Durante la concentración se exhibieron los rostros de las 34 mujeres que, de acuerdo con los registros de la ONG Foro Penal, permanecen recluidas por causas de índole política. Entre los testimonios destacó el de Melania Leal, hermana de Emirlendris Benítez, una comerciante que cumple una pena de 30 años de prisión tras ser vinculada al atentado contra el Palacio de Miraflores en 2018. Leal denunció que Benítez acumula casi ocho años de detención injusta y que fue víctima de brutales torturas físicas que derivaron en la pérdida de un embarazo, ignorando de forma sistemática las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2020.
Cuestionamientos al cronograma de liberaciones oficiales
La protesta contó también con el respaldo de expresos políticos como Ángel Godoy, quien exhortó formalmente a la mandataria encargada y a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a honrar los compromisos públicos asumidos la semana pasada. La cúpula gubernamental había anunciado la ejecución de una tanda de 300 excarcelaciones paralelas a la amnistía dictada en el mes de febrero, asegurando días después que la cifra global ascendería a las 500 liberaciones en el corto plazo; sin embargo, los manifestantes sostienen que el proceso avanza a cuentagotas.
Ultimátum del movimiento estudiantil
Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelangel Suárez, calificó de engaño el balance del Ejecutivo al constatar que las órdenes de excarcelación efectivas han amparado a menos de 50 personas hasta la fecha. El dirigente estudiantil recordó que el próximo jueves vence el plazo de 15 días otorgado a las autoridades para entablar mesas de negociación definitivas que resuelvan la situación de los prisioneros políticos, un ultimátum fijado inicialmente a mediados de mayo durante las protestas por la muerte en custodia del ciudadano Víctor Quero Navas.
Contraste con los datos de las organizaciones no gubernamentales
El reclamo de las familias en las afueras del penal coincide con el balance actualizado emitido este mismo martes por la organización Foro Penal. Los abogados de la ONG confirmaron que, si bien se han verificado al menos 39 excarcelaciones desde que comenzó la última ola de anuncios institucionales, la cifra total de ciudadanos detenidos bajo condiciones de persecución política en el país suramericano se ubica todavía en 409 personas en todo el territorio nacional.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
