

Expresos políticos, defensores de derechos humanos y familiares de detenidos por razones políticas en Venezuela iniciaron desde el estado Bolívar una cruzada nacional denominada la «Ruta de la Libertad».
A través de esta iniciativa, la agrupación busca visibilizar las violaciones a los derechos fundamentales dentro de los centros de reclusión, exigir el sobreseimiento definitivo de las causas judiciales y acelerar la liberación de todos los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos.
Excarcelación no es libertad plena: denuncia de los activistas
Durante la presentación del movimiento, el activista y expreso político José Ignacio Moreno subrayó que las medidas cautelares con las que han sido excarcelados decenas de ciudadanos no constituyen una libertad plena, pues persisten las restricciones judiciales y los esquemas de presentación periódica.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que se atiendan los compromisos y acuerdos en materia de derechos humanos y se proceda al cierre definitivo de los centros de tortura, alertando que la burocracia política pone en riesgo constante la vida de civiles y militares detenidos.
Moreno instó a las autoridades judiciales a acelerar las revisiones de los expedientes para permitir la reincorporación de los afectados a la dinámica socioeconómica del país, particularmente en una región clave por sus industrias básicas y recursos naturales.
Irregularidades en los procesos y situación en los centros penitenciarios
Por su parte, Maciel Cordones, portavoz de los familiares de las víctimas y madre del teniente del Ejército José Ángel Barrino Cordones —detenido desde hace seis años por la denominada causa Gedeón—, denunció la paralización y las severas irregularidades que empañan los expedientes judiciales.
Cordones cuestionó el cumplimiento de las listas de excarcelación anunciadas por el Gobierno, señalando que los detenidos políticos no los deben usar como elementos de negociación.
Del mismo modo, expuso la situación que enfrentan las familias a las afueras de recintos penitenciarios como El Rodeo I, donde persisten tratos crueles y la privación sistemática de atención médica y alimentación adecuada.
Integración de exigencias sociales y sindicales a la protesta civil
La protesta civil organizada no solo centra su reclamo en la causa de los presos políticos, sino que integra demandas sociales vinculadas al deterioro institucional y económico del país.
En ese marco, los voceros sostienen que la criminalización del trabajo sindical y la persecución a dirigentes comunitarios forman parte del mismo patrón de vulneración de garantías constitucionales que hoy afecta el sistema de salud, la educación y las condiciones de vida de la ciudadanía.
La «Ruta de la Libertad» prevé continuar su despliegue organizativo y mediático mediante movilizaciones directas y la articulación con diversos sectores de la sociedad civil.
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