Bladimir Martínez Ladera
Ciudad Guayana.-Indignación causó a familiares de la adolescente Angela Aguirre, momentos en que vieron a la fiscal Emily Hernández, pasearse por el pasillo de la fiscalía 10 del Ministerio Público con sede en Puerto Ordaz.
Afectados por el feminicidio de la estudiante de 4° año, pensaron que la abogada en cuestión había sido destituida del cargo, después que la doctora Yamileth Carvajal la recusó por existir dudas de las diligencias realizada por ese despecho con respecto a la muerte de Aguirre.
Sobre la abogada Emily Hernández, pesa una serie de señalamientos que profesionales del derecho de las víctimas entregaron ante Fiscalía General de la República y fiscal superior del estado Bolívar, que al parecer comprometen a dicha ciudadana, como cambiar evidencias, actas y protocolo de autopsia de la fallecida para favorecer a “Los 7” implicados en la muerte de Angela.
Carvajal, persuadió al Tribunal Supremo de Justicia, igual a Fiscalía General de la República sobre el intento de libertad planificado contra: José Antonio Zorilla, Glauder Jesús Zorilla, Orlando Abraham Salazar, José Alberto Cedeño, Dayana Carolina Nicieza y Yoselin Gregoria, fueron privados de libertad.
El caso de la joven violada, golpeada y ahogada, fue remido por Sala Penal del TSJ, a uno de los tribunales de violencia de género y no a un tribunal ordinario como estaba planteado inicialmente por la fiscal Hernández, por otro lado, es conducido por cuatro fiscales del Ministerio Público, dos nacionales y dos regionales.
Emily fue recusada el día 8 de abril, hoy miércoles a las 9:00 de la mañana, afectados la observaron en la fiscalía, Puerto Ordaz.
Otras acusaciones
La doctora Yamileth Carvajal, introducirá otras denuncias contra su colega y es que la acusadora pudo comprobar que la mencionada fiscal no hizo el procedimiento debido para pedir una segunda y hasta una tercera autopsia al cuerpo de Angela Aguirre.
Aparentemente no hay, una solicitud u oficio de la fiscalía superior o tribunal que abaló la paralización del velatorio de la menor para una segunda necropsia de ley.
Todo hace suponer que el cadáver fue secuestrado por la fiscal y funcionarios de la policía judicial para luego ingresarlo a medicina forense del Cicpc.
Momentos del velatorio llegaron detectives de la policía judicial para arrebatarle el cuerpo a los familiares, todos quedaron identificados.
Para borrar evidencias y favorecer de esta manera a los acusados del feminicidio, en los últimos exámenes practicado a la víctima, le rasparon la cabeza y le quitaron el cabello, situación que tiene indignado a los dolientes.
Cuando el cuerpo de una persona está en sala de velación para sacarlo de este lugar tiene que haber una orden firmada por un tribunal, aclaró Carvajal.
Dolientes, allegados y comunidad en general, piden a los administradores de justicia que no den su brazo a torcer, igual piden que la fiscal Hernández, sea destituida y procesada por poner a padecer a los familiares de Angela Aguirre.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
