El panorama de los derechos humanos en Venezuela registra cifras críticas según el informe más reciente de la ONG Foro Penal. Hasta la fecha, se contabilizan 457 presos políticos en el país, una lista que incluye a 42 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad. Esta situación persiste a pesar de la vigencia de una Ley de Amnistía que, según críticos y especialistas, presenta serias limitaciones en su alcance y ejecución.
El reporte detallado por la organización especifica que, del total de detenidos, 414 son hombres y 43 son mujeres. La cifra causa alarma al incluir a un adolescente entre los afectados. En cuanto a su procedencia profesional y civil, el registro identifica a 270 civiles y 187 efectivos militares. Un dato resaltante es la situación procesal: de los 457 prisioneros, solo 164 han recibido una condena formal, mientras que los 293 restantes permanecen en un limbo judicial sin sentencia.
Alcance limitado de la amnistía y denuncias de corrupción
La Ley de Amnistía aprobada en febrero, que abarca hechos desde 1999, ha sido calificada por Foro Penal como un «embudo» diseñado para ralentizar las liberaciones. La norma se limita a 13 eventos específicos ocurridos en un lapso de 13 años, excluyendo de forma sistemática operaciones militares y delitos comunes. A esta restricción legal se suma la denuncia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien reconoció la existencia de jueces que realizan cobros ilegales en dólares para procesar las boletas de excarcelación, una irregularidad que ya había sido señalada por los familiares de los detenidos.
El costo humano y la cifra histórica de detenciones
La exigencia de libertad plena ha cobrado urgencia tras el fallecimiento bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, hecho que fue reconocido oficialmente por el Gobierno tras meses de incertidumbre para su familia. La líder opositora María Corina Machado ha instado a acelerar las liberaciones para evitar más decesos en prisión. Según las estadísticas de Foro Penal, desde 2014 se han producido 19.092 detenciones políticas, y actualmente más de 11.000 personas sufren medidas restrictivas de su libertad de manera arbitraria.
Supervisión internacional y cifras oficiales
El listado actualizado de los detenidos es enviado periódicamente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para su verificación. Mientras la ONG denuncia la parálisis de los procesos, el Gobierno afirma que, hasta el momento, más de 9.000 personas se han beneficiado de las medidas de gracia, una cifra que contrasta con la percepción de las organizaciones civiles que exigen justicia para quienes aún permanecen en las celdas.
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