Durante los últimos ocho años Ciudad Guayana ha estado inmersa en la basura. Por todas partes de nuestra urbe reinaron los montones de desechos, los zamuros se hicieron presentes en incontables sectores y la municipalidad de Caroní nunca logró dar una respuesta satisfactoria a su tarea de garantizar la limpieza y salubridad de las áreas urbanas de Puerto Ordaz y San Félix. Por ello a pesar de que el proceso fue totalmente carente de transparencia y según algunos de los concejales al margen de lo que establecen las normas legales, muchos vieron con agrado la llegada de la empresa Fospuca para ocuparse de la limpieza y mantenimiento de la ciudad.
Sin embargo, lo que parecía una excelente noticia se convirtió en una suerte de pesadilla, especialmente para los sectores comerciales y empresariales de Guayana, pues apenas se emitió el decreto municipal de tarifas, todos cayeron en cuenta que la carga del servicio era de una magnitud que supera con mucho las capacidades de pago de la mayoría de los usuarios en la zona.
Ahora en el mes de febrero los problemas derivados de tales tarifas amenazan la integridad y la vida de buena parte del sector mercantil e industrial, pues simplemente representan grandes erogaciones por parte de los usuarios y la amenaza adicional de que Fospuca pueda simplemente embargar comercios y empresas que no paguen las cuantiosas tarifas, con el apoyo total y coercitivo de la alcaldía de Caroní.
Algo de historia de Fospuca
La empresa en cuestión, tiene alrededor de 41 años haciendo vida en Venezuela y ocupándose del tema de manejo de desechos, fundada con capital español y prestando para 1980 el servicio en Caracas, tras suscribir un acuerdo con el Instituto Metropolitano de Aseo Urbano (IMAU). Para 1982 sus operaciones estaban limitadas al municipio Libertador de la capital.
En 1994 surge Fospuca Baruta para prestar servicios de recolección de basura y limpieza en ese municipio y sus vecinos Zamora, Guaicaipuro y Carrizal, todos del estado Miranda. Y ese mismo año comienza también operaciones en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta.
Para el año 2006, la empresa se separa de sus inversores españoles y su capital pasa a ser totalmente venezolano. Buscando nuevos horizontes y fuentes de ingreso en el año 2011 intenta internacionalizarse prestando sus servicios en dos municipios de República Dominicana, pero la experiencia dura poco tiempo, por lo que concentra sus esfuerzos en Venezuela ampliando su radio de acción para el 2013 a los municipios Los Salías y El Hatillo de Miranda.
En el 2014 la empresa es adquirida por el abogado y empresario José Simón Elarba Haddad, quien viene a darle un reimpulso, logrando extender operaciones para el 2015 a los municipios Iribarren y Jiménez de Lara; y a los municipios Sotillo y Barcelona en Anzoátegui. Para extenderse en el 2018 al capitalino municipio de Chacao.
Hoy día Fospuca se ocupa de la recolección de desechos en tres municipios de Miranda: Baruta, Chacao y El Hatillo; continúa en Lara trabajando en los municipio Iribarren y Jiménez; en el estado Nueva Esparta se ocupa del aseo en Maneiro; en Carabobo hace lo propio en el municipio San Diego.
Desde el 2022 es el prestador de servicios en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui y del Municipio Caroní en Bolívar.
Tarifas de Fospuca entre las más elevadas del mundo
La historia de la empresa es bien interesante, parece mostrar una organización con un plan de crecimiento sólido y unos principios que son muy convenientes para el buen manejo de los desechos sólidos de nuestras urbes.
En este punto y en lo referente a la calidad de su trabajo, todos están de acuerdo en que es positivo.
Donde comienzan los problemas a emerger es cuando entramos en el tema que golpea a todos, las muy elevadas tarifas de esta empresa de recolección de aseo, que simplemente parecen impagables para la gran mayoría de usuarios comerciales y para muchos de los residenciales.
El asunto viene del origen de su estructura tarifaria, que es similar para todos sus centros de operación en Venezuela, pues, en una suerte de «acuerdo común extraño», todas las alcaldías donde funciona Fospuca, aprobaron tarifas apegadas al famoso petros del gobierno bolivariano.
En principio, esto se representa en número pequeños, pero en la práctica la cosa cobra otro cariz, pues, si lo llevamos a bolívares equivale a 1448,28 bolívares, es decir, 60 dólares por cada petro.
Además, hay otro «factor común» en todos los contratos de Fospuca con las alcaldías del país, y es que la tarifa, extrañamente y a diferencia del resto del planeta, se calcula por metro cuadrado del local, en el caso comercial y por zonificación en el caso del residencial.
Aquí vale la pena detenerse un instante, pues casi todas partes del planeta Tierra, las tarifas de aseo se calculan por los volúmenes de desechos colectados, ya que el cálculo administrativo de los costos de manejos de aseo se hace basándose en toneladas métricas.
Lo que permite establecer unos costos de operación claramente definidos que varían un poco de acuerdo a la calidad del servicio prestado.
Transparencia Venezuela en el 2018 cita datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que dan cuenta que «los costos unitarios promedio de recolección se estiman en $34,2 por tonelada recolectada, con una alta variabilidad de costo entre países. El costo en Argentina, por ejemplo, es de $54, mientras que en Paraguay es de $6,6. Estas variaciones reflejan generalmente diferencias asociadas a la (mayor-menor) calidad del servicio».
Ampliando un tanto esa investigación, con la ayuda de Omar Martínez, se pudo conocer que la tarifa de la ciudad de Barcelona, España, dentro de las más costosas de Europa se calcula por metros cuadrados y el costo anual de la más elevada de esas tarifas para el área comercial es de 977,82 e
uros, que equivalen a 1043,38 dólares anuales (unos 86,94 dólares mensuales).
Si además hacemos referencia a lo que se paga por concepto de recolección de aseo urbano en otros lugares de Venezuela, la comparación es más ruda todavía, pues según lo investigado por el Comité de usuarios del aseo urbano de Caroní en Mérida los usuarios residenciales pagan en promedio 8 bolívares y los comerciales 10 bolívares, al igual que en la ciudad de Maturín, lo que significa menos de medio dólar mensual.
Esto de entrada ya choca con las tarifas que presenta Fospuca solo para Caroní, por centrarnos en la realidad local, según los cálculos conservadores del Comité de usuarios del aseo urbano de Guayana arroja un promedio de 11,56 dólares mensuales para cada usuario residencial de las 103.200 viviendas que atiende en el municipio, teniendo claro que unos pagarán más de ese monto y otros menos, pues el promedio es la distribución de la recolección de los diversos montos y tarifas sectorizados entre todo el grupo; eso sí no se trata de toda la ciudad, pues, los sectores más populares de San Félix no reciben el servicio de la empresa recolectora, lo que significa que unos 103.300 hogares no pagarán esas tarifas.
Mientras que la tarifa promedio comercial de la empresa, según la misma fuente, asciende a 155,12 dólares mensuales, para un total de unos 10.806 clientes comerciales.
Aquí hay que volver a detenerse un instante, pues resulta que además de la tarifa de recolección de aseo, aquí se cobra otra tarifa por el relleno sanitario que también maneja la empresa, arrojando una cobranza mensual de 1.687035,00 dólares por mes.
En criollo, se paga dos veces aseo en el sector comercial y en el caso de estar ubicados en centros comerciales incluso se paga tres veces, pues el centro comercial o edificio debe pagar su propia factura con los dos ítems y cada locatario o residente también debe pagar sus dos montos.
Empresas y usuarios residenciales en crisis por tarifas
Como es natural unas tarifas de esta naturaleza representan una seria amenaza, tanto para los simples usuarios residenciales, como para los comerciales.
Para los primeros esos 11 dólares y fracción significan un pago de unos 276 bolívares, que superan en más de un 50% el salario mínimo que se ubica –por si no se acuerdan en 130 bolívares– lo que significa que muchos van a pagar más de dos salarios mínimos por concepto de aseo urbano, esto sin entrar en detalles específicos para no hacer la cosa más dramática, como el caso de una docente residencia en el sector Río Aro de Unare, a quien le llegó una factura por más de 2000 bolívares lo que equivale a más de 80 dólares que dista mucho de ganar con su sueldo de profesora.
Para los comerciantes la cosa es todavía peor, pues de acuerdo a la ordenanza firmada por el alcalde Tito Oviedo, a ellos les toca llevar la mayor carga del servicio, encontrando casos como un local de unos 115 metros cuadrados, donde funcionaba una tienda de reparación de bicicletas llegando a Alta Vista, a la cual le llegó una factura de Fospuca por un monto total de 600 dólares, ante lo cual, el propietario de este emprendimiento comercial, no tuvo otra salida posible que cerrar su negocio, pues no produce ni pagar el monto al cual Fospuca le puede hacer una rebaja hasta del 40 %, pues tampoco produce 360 dólares para pagar el aseo, además de los tributos municipales y otros impuestos.
Este caso sólo es uno de los muchos que hay, entre los comerciantes que no pueden en forma alguna cancelar estas desmesuradas tarifas, pues pareciera que la gente de Fospuca pretende recuperar su inversión en menos de un año de gestión en Caroní.
Aquí volvemos a echar mano a los cálculos del Comité de usuarios del aseo, quienes establecen que con los montos tarifarios el cobro anual será superior a 29 millones de dólares, si bien el mismo señor Elarba en su rueda de prensa inicial le comentó a los medios que su inversión total para montar el servicio en Caroní ascendía unos 15 millones de dólares que «salieron totalmente del sector privado, sin que el gobierno ponga un dólar».
Numeritos redondos y favorecedores sin duda alguna, pues ninguna empresa en ningún país normal del mundo espera recuperar su inversión inicial en un año de servicio.
Comité de usuarios ante medidas de coacción tributaria de la alcaldía
La situación generada por las tarifas, más que por la calidad del servicio, ha hecho que miles de usuarios se junten en un comité que trata de defender sus derechos y que muchos se nieguen a pagar las tarifas de Fospuca, exigiendo una discusión abierta de las mismas más que una imposición sancionada por el alcalde Oviedo, quien con el voto a favor de los 9 concejales del oficialismo y con los 4 votos salvados de los concejales de oposición, quedó con la atribución de fijar por sí sólo las tarifas sin discutirlas en Cámara Municipal.
Sin embargo, la respuesta de la municipalidad de Caroní, encabezada por Tito Oviedo, ha sido obligar a los usuarios comerciales a pagar a Fospuca bajo una forma de coacción cubierta de legalidad, pues con procedimientos poco claros determinó que es necesario haber cancelado el servicio de aseo urbano a la empresa para poder pagar los tributos municipales, pues en caso contrario se cierra la página digital de pago de la municipalidad, lo que impide a todos pagar sus obligaciones impositivas locales, y por lo cual además deberán pagar sanciones.
La misma práctica se ha aplicado con éxito en otros municipios
Este accionar no crea que es un invento del ausente burgomaestre de Caroní. Nada de eso la misma medida la han aplicado en otras municipales, que supuestamente son opositoras como Chacao o Baruta, coaccionando a los comerciantes a pagar ante el cierre de la posibilidad de pagar sus tributos.
Pues resulta que el problema de Fospuca con sus tarifas astronómicas se vive en todas las localidades donde presta servicio por lo que se han creado comités de usuarios como el nacido en Caroní en muchos de ellos como Chacao y la organización ciudadana Baruta en movimiento, que sin embargo no han logrado hacer cambiar las políticas de precio desmesuradas de la empresa del logo verde.
Las leyes se aplican pero contra las víctimas
En Caroní el comité introdujo un amparo que fue peloteado para el juzgado de Bolívar por el juez que lo recibió en Caroní, y en la capital del estado el otro juez lo declaró sin lugar, por lo que ya los abogados de los usuarios están apelando ante la instancia superior, buscando con ello proteger a todos los accionantes de la medida que se han negado a pagar la tarifa de Fospuca.
De acuerdo a la jurisprudencia y práctica normal, se supone que mientras se está revisando judicialmente un proceso de amparo, todos los incursos en la medida están libres de pagar cualquier erogación hasta tanto no se defina el tema en tribunales. Sin embargo aquí tanto la alcaldía como los propios juzgados se han negado a acatar esta práctica.
Aquí nuevamente tenemos que destacar que estos hechos se han dado en años anteriores en otras alcaldías de Venezuela donde los usuarios de los servicios levantaron su voz de protesta, sin que hasta el momento Fospuca haya perdido siquiera una causa en tribunales o le obligaran a bajar las tarifas.
Su única derrota, no legal sino de hecho, se produjo en Barinas, donde se montó la empresa con las mismas condiciones que en todas partes y el rechazo del sector comercial y residencial fue de tal magnitud que al final prefirieron retirarse de la ciudad sultana de los llanos con el menor ruido posible.
Pero en lugares como el supuestamente opositor municipio de Chacao, donde Álvaro Sánchez se encontraba al frente del Comité de afectados por las tarifas de Fospuca, el accionar oficial y de la empresa fue aplastante. Sánchez incluso fue apresado en agosto de 2020 por supuesta incitación al odio y luego trasladado a la cárcel de Yare, presuntamente por el accionar del alcalde Gustavo Duque.
Fospuca puede embargar a las empresas por no pagar el aseo
De allí pasamos al siguiente escalón en la coacción oficial y la falta de transparencia de todo el proceso de Fospuca, pues tanto en Chacao como en Baruta, en el municipio Iribarren de Lara y Maneiro de Nueva Esparta o en El Tigre de Anzoátegui, ya han cerrado y sancionado a numerosas empresas por negarse a pagar este servicio que algunos tildaron de extorsivo.
Aquí en Caroní la propia oficina de tributos municipales ha estado persiguiendo, sancionando y cerrando a algunos de los accionantes de la solicitud de amparo, aplicando cierres totalmente intempestivos, sin otorgar el derecho a la defensa, sin permitir siquiera que los sancionados ingresen a sus oficinas para entregar los documentos que reclaman.
Pero la cosa todavía va más allá, con varios precedentes nacionales que marcan el mismo accionar por parte de Fospuca, que cuando alguien se niega a pagar le aplica medidas judiciales que los tribunales se apresuran a cumplir, como pasó en junio del 2021 con la multitienda Sigo en Margarita, a la que aplicó una medida de embargo por tener con la recolectora de desechos una deuda de 16 mil dólares. Embargo que Fospuca levantó cuando Sigo hizo un convenio de pago y como decimos en castizo, «se bajó de la mula».
Lo terrible de eso es que tales prácticas ya llegaron a Caroní donde según el comité de usuarios ya se están intentando medidas de Embargo de Fospuca contra empresas del grupo Maza Tirado y Metalúrgica Chirica. Lo que significa que por una deuda de unos pocos miles de dólares pueden terminar apropiándose de la empresa u obligándolos a establecer convenios de pago como sucedió en el caso citado de Sigo en Nueva Esparta.
Elarba: Conexiones y alerta del Departamento del Tesoro
Ante la lista de situaciones repetidas con Fospuca, que a excepción de Barinas, parece salir bien librada y ganando en todos lados, indudablemente que se establece la conexión con el propietario de la empresa José Simón Elarba Haddad, abogado, ex directivo del diario El Nacional y Globovisión, socio de la firma Gadea & Lesseur & Asociados, que abarca derecho corporativo, mercantil, laboral, relaciones internacionales, civil, negocios, familia, penal e inquilinario; en la que también figuran su esposa Aitza Mello, el exalcalde de Baruta Gerardo Blyde, Alfredo Altuve Gadea, Ernesto Lesseur Rincón, entre otros.
Ostentó el cargo de presidente de Industrias Manufactureras Colchotex C.A., y aparece como importador de productos provenientes de Francia. Fue abogado de Inverunión Banco Comercial, entidad financiera intervenida el 18 de enero de 2010 junto a Banco Del Sol, Banco de Desarrollo C.A. y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. y según el medio ABCnoticias.net, también vinculado a la línea Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno Español.
El primer punto llamativo del empresario es que estuvo o está en la mira del Departamento del Tesoro norteamericano por «un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) contenido entre los 2.100 documentos de la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), obtenidos por BuzzFeed News y que, una vez compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y más de 400 reporteros en 88 países, incluyendo los del equipo de Armando.info, dieron pie a la investigación periodística global que hoy se conoce como FinCEN Files».
El caso en concreto es el de la transferencia por 1,48 millones de dólares que un día de julio de 2014 recibió en una de sus cuentas Elarba Haddad.
Por cierto que a ese respecto Elarba dijo en diciembre de 2020 a Armando.info “que la transferencia registrada en el SAR corresponde al pago de honorarios por servicios jurídicos. Aseguró que el cliente le pidió confidencialidad y que, por lo tanto, no hablaría sobre él.” Llama la atención que ese mismo año en diciembre, a unos cinco meses de recibir ese pago, compró Fospuca Internacional CA, al parecer por una suma muy cercana y según el Servicio Nacional de Contratistas, en junio de 2015, registró Fospuca Servicios de Ciudad C.A. y en enero de 2016 Inversiones Fospuca Baruta.
El otro punto muy llamativo de este empresario son sus conexiones, pues el señor Elarba es amigo personal de Carlos Malpica Flores, extesorero de la nación y exdirectivo de PDVSA y el sobrino de la primera dama Cilia Flores; “Es bastante amigo mío”, le dijo Elarba a Armando.info en reportaje publicado.
El trabajo por cierto incluía una de las pocas fotos que hay de Malpica Flores en la que se le ve festejando en una discoteca en la isla Saint Barth y uno de sus acompañantes fue, precisamente, Elarba. En ese mismo reportaje Elarba le recalcó al reportero que el también sancionado Raúl Gorrín era su amigo.
Sus otras conexiones tienen que ver con la expansión de la empresa pues parece tener que ver con el partido político –supuestamente opositor- Fuerza Vecinal en los municipios de Baruta (donde obtuvo su primer contrato con Gerardo Blyde), Chacao y El Hatillo. «Allí donde hay un alcalde de Fuerza Vecinal, allí está Fospuca, en una relación ‘ganar-ganar’ para la compañía de Elarba y el partido político».
Un conflicto que sigue creciendo en Caroní
Después de ver este panorama que se muestra más complejo de lo que inicialmente muchos creyeron, parece que no se trata simplemente de una empresa que tiene tarifas muy altas, sino que hay otras cosas detrás, con implicaciones políticas además de económicas, donde al final los afectados son los usuarios del servicio donde llegue la sin duda poderosa empresa.
Cuesta mucho asumir lo comentado por el propio Elarba Haddad en esa rueda de prensa de noviembre del 2022 de la Cámara de comercio de Caroní, donde señaló «que la gente en Venezuela no está acostumbrada a pagar los servicios en lo que realmente valen y que Caroní es un municipio donde hay una gran capacidad de pago». Aseveraciones que a luz de los usuarios y la realidad local carecen de bases suficientes.
El comité de usuarios de Caroní por ejemplo estableció tras los concienzudos análisis de expertos que las tarifas en la ciudad deberían ubicarse en promedio en 0,76 dólares para los usuarios residenciales y en 28,97 dólares para los comerciales, por supuesto entendiendo que unos pagarán más que eso y otros menos.
Ante la problemática latente y las acciones de presión ejercidas por la municipalidad de Caroní y la propia Fospuca, especialmente sobre los comerciantes y empresarios, los usuarios de todos los niveles se mantienen en pie de lucha y pareciera ser que van arreciando en sus acciones, que ya tuvieron inclusive un paro de comercios en San Félix, pues todavía se espera la respuesta de la apelación de la decisión del juez de Ciudad Bolívar en el tribunal superior, mientras que se han iniciado acciones con la propia Defensoría del Pueblo y se preparan más movimientos legales.
Ya van varias asambleas en distintas comunidades guayanesas donde el repudio colectivo a las tarifas es unánime y esto puede conducir a otras acciones populares.
La realidad es que todos queremos una ciudad limpia, el único problema es que se quiere pagar lo justo por un servicio público, no unos montos que ya han propiciado el cierre de negocios y que pueden generar la quiebra de muchos otros.
Lamentablemente como siempre, el alcalde Tito Oviedo parece ser sordo y ciego ante el clamor del pueblo para el que trabaja.
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