El presidente de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, planteó este martes la formulación de una nueva ley de amnistía orientada a garantizar la libertad plena de la totalidad de los presos políticos en Venezuela. Desde las inmediaciones del Palacio de Justicia en Caracas —donde fue diferida su audiencia de juicio por cargos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria—, el activista calificó la legislación actual de excluyente y argumentó que miles de víctimas continúan desasistidas por el sistema judicial.
Tarazona propuso además la constitución de un fondo nacional de reparación destinado a auxiliar a los detenidos y a sus núcleos familiares. La iniciativa busca cubrir los costos derivados de los procesos penales, tales como los traslados recurrentes hacia sedes judiciales y recintos carcelarios, además de mitigar el impacto socioeconómico sufrido durante los períodos de privación de libertad.
Antecedentes procesales y críticas al alcance del marco legal
El representante de Fundaredes permaneció privado de libertad durante más de cuatro años hasta obtener una medida de libertad condicional en febrero pasado. Aunque ese mismo mes el Parlamento de mayoría oficialista sancionó una ley de amnistía, la aplicación de dicha norma le fue denegada en marzo. Tarazona había destacado previamente como una de las principales fuentes de denuncia sobre los enfrentamientos registrados entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC en zonas fronterizas.
A su juicio, la normativa promulgada en febrero no erradicó los mecanismos de persecución política en el país. En ese sentido, el exdiputado opositor Williams Dávila —quien sí recibió la amnistía en marzo— sostuvo que la reparación a las víctimas constituye un deber ético y jurídico indispensable para restablecer la dignidad humana y reconstruir los proyectos de vida afectados por el encarcelamiento.
Balance oficial y registros de organizaciones no gubernamentales
Las demandas planteadas por los activistas coinciden con las cifras presentadas por el Ejecutivo nacional. De acuerdo con declaraciones emitidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un total de 1.046 ciudadanos han sido liberados en el país desde enero de 2026.
Sin embargo, los registros independientes de organizaciones defensoras de derechos humanos reflejan que la problemática persiste. Según datos del Foro Penal, actualmente se contabilizan 326 personas privadas de libertad por motivos políticos en el territorio nacional, situación por la cual las ONGs insisten en la necesidad de un instrumento jurídico de alcance general.
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