Gobierno activa plan de seguridad militar y policial para proteger inversiones en el Arco Minero

El Gobierno de Venezuela impulsa estrategias para establecer un plan de protección con apoyo policial y militar en el Arco Minero del Orinoco. El ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, lideró una reunión en el estado Bolívar con los principales organismos de seguridad con el fin de establecer planes estratégicos, en un contexto donde el país busca atraer inversión privada y extranjera.

En el encuentro se planteó la estructura de los Puntos de Atención al Minero, iniciativa orientada a la reorganización territorial y al impulso productivo de las áreas mineras. Esta estrategia se fundamenta en la integración de cuerpos de seguridad, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), para brindar protección directa a la pequeña minería.

Acuerdos estratégicos con capital internacional

Este despliegue coincide con la reciente firma de un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense Heeney Capital, asociada a la suiza Mercuria Energy Group. Según la compañía, estos acuerdos para la compraventa de materias primas a granel y oro forman parte de una iniciativa respaldada por la Casa Blanca, centrada en el potencial de bauxita, hierro, coltán y tierras raras presentes en la región.

Denuncias sobre alianzas irregulares en la zona

Sin embargo, el despliegue gubernamental enfrenta cuestionamientos internacionales. En un informe reciente, la organización SOS Orinoco denunció que el Estado venezolano mantiene alianzas operativas con grupos armados ilegales para ejercer el control sobre el Arco Minero, señalando la presencia de factores externos en la gestión del territorio.

Riesgos para el patrimonio ecológico y pueblos indígenas

Por su parte, la ONG Provea ha advertido que el área delimitada para el Arco Minero colinda con ecosistemas críticos como los parques nacionales Canaima y Jaua-Sarisariñama. Asimismo, la organización destaca que el plan minero afecta directamente territorios ancestrales de diversos pueblos indígenas, entre ellos los pemón, warao, y ye’kwana, quienes habitan las zonas ricas en recursos minerales.

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