Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de Guatemala y baluarte de su orden democrático, asumieron formalmente este martes sus cargos para el periodo 2026-2031.
A través de un comunicado oficial, la CC anunció la instalación de la IX Magistratura, cuyos integrantes manifestaron su compromiso de ejercer funciones con estricto apego a la Constitución Política, garantizando la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Liderazgo y metas
La magistrada titular Gladys Annabella Morfín Mansilla, designada por el Organismo Ejecutivo, desempeñará la primera presidencia del tribunal durante el presente año. En sus primeras declaraciones al diario oficial, Morfín aseguró que el tribunal actuará con «objetividad, transparencia y probidad», subrayando que el eje central de su gestión será la legalidad.
«Estamos empezando un proceso en el cual hay esperanza de que la situación cambie. Mi misión será recuperar la confianza en las instituciones tras décadas de desgaste», afirmó la presidenta, reconociendo que, al ser un órgano colegiado, el esfuerzo debe ser conjunto.
Integración del Tribunal
El pleno de magistrados titulares quedó conformado por:
Gladys Annabella Morfín Mansilla (Presidenta)
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
Roberto Molina Barreto
Dina Josefina Ochoa Escribá
Julia Marisol Rivera Aguilar
Asimismo, asumieron funciones los magistrados suplentes María Magdalena Jocholá, Luis Fernando Bermejo, Luis Alfonso Rosales, Claudia Elizabeth Paniagua y José Luis Aguirre.
Desafíos institucionales
La llegada de la IX Magistratura ocurre en un momento determinante para Guatemala. En los últimos años, la CC ha estado en el centro del debate público por decisiones controvertidas que, según diversos sectores, afectaron la institucionalidad.
Este relevo se suma a los procesos de renovación en el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General, instituciones que han enfrentado señalamientos de corrupción y tráfico de influencias. El nuevo pleno de la CC aspira a distanciarse de esas sombras y restaurar la credibilidad del sistema de justicia constitucional en el país.
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