El Gobierno de Guyana denunció este martes que las acciones de Venezuela para anexionarse la región de Esequibo tienen «el potencial de incitar a la violencia y amenazar la paz», al tiempo que advirtió que defenderá su integridad territorial.
Así respondió Guyana al anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de las preguntas que responderán los ciudadanos en el referendo consultivo del próximo 3 de diciembre sobre la disputa territorial entre ambos países.
Una de las preguntas plantea la posibilidad de crear un estado para anexionarse la Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales que Venezuela reclama a Guyana.
Seguridad del Estado de Guyana
En un comunicado, las autoridades guyanesas insistieron en que esas acciones pueden afectar a «la seguridad del Estado de Guyana y, por extensión, a la región del Caribe».
Guyana dijo que las preguntas planteadas para el futuro referéndum están destinadas a «promover el reclamo ilegal e infundado de Venezuela sobre más de dos tercios del territorio nacional de Guyana».
«La pregunta cinco es la más perniciosa: busca descaradamente la aprobación del pueblo venezolano para la creación de una nueva nación venezolana constituida por la Región del Esequibo de Guyana, que quedaría incorporada al territorio nacional de Venezuela», agregó.
El Gobierno guyanés criticó que esto equivale «nada menos que a la anexión del territorio de Guyana, en flagrante violación de las normas más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA (Organización de Estados Americanos) y el derecho internacional».
«Semejante confiscación del territorio de Guyana constituiría un crimen internacional de agresión», subrayó el texto.
También rechazó categóricamente cualquier intento de socavar la integridad territorial del país, recordando que la región de Esequibo forma parte de Guyana de conformidad con el Laudo Arbitral de 1899.
Venezuela defiende que es el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, el que rige esta controversia, y rechaza la intervención en este caso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró este año competente para resolver la disputa.
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