Bogotá.- Los grupos armados ilegales que están enfrentados en el departamento colombiano de Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure han cometido «múltiples abusos» contra los pobladores de la zona, incluso con la complicidad de militares venezolanos, reveló un informe publicado este lunes por Human Rights Watch (HRW).
Los enfrentamientos por el control territorial entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes de las antiguas FARC, comenzaron el pasado 1 de enero y han dejado decenas de muertos, al menos 3.860 desplazados internos en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela a Colombia, señala el informe.
Al parecer, «el ELN acusó al Frente 10 (de las disidencias) de cometer abusos contra la población -lo que también hace el ELN-, de dedicarse al narcotráfico y de expandir su presencia a zonas controladas» por ellos, según el informe.
Estos dos grupos armados, que en el pasado fueron aliados en Arauca, han cometido en su guerra no solo asesinatos sino también otras violaciones de los derechos humanos, como reclutamiento forzado -incluso de menores de edad-, y desplazamiento forzado en los que han estado implicados miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.
MILITARES VENEZOLANOS INVOLUCRADOS
«Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente», manifestó la directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk.
Según el informe, esos militares venezolanos «han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos» que pueden dar lugar a «investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad».
Para esta investigación, Human Rights Watch visitó en febrero los departamentos colombianos de Arauca y Vichada y entrevistó a más de cien personas entre líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así personas del común, 43 de las cuales dijeron haber huido de Apure por la violencia del ELN y las disidencias de las FARC.
Dichos grupos «utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares, y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos», según HRW.
«Ambos grupos armados han matado a decenas de personas. Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC» y, según testigos, asesinaron a unos y se llevaron a otros, señala el documento.
Según la Policía colombiana, entre enero y febrero hubo 103 homicidios en Arauca, de lejos la cifra más alta para un primer bimestre del año al menos desde el 2010, indica HRW.
TESTIMONIOS ESCALOFRIANTES
La investigación recoge numerosos testimonios, como el de Santiago Urrutia (seudónimo), quien dijo que el 1 de enero miembros del ELN se llevaron, atado de manos, a su hermano Javier (seudónimo), de 26 años, de su casa en una zona rural de Tame (Arauca), acusándolo de «colaborar con el Comando Conjunto de Oriente».
«Horas después, Santiago recibió un mensaje de un amigo con una foto del cuerpo de su hermano. La foto, a la que tuvo acceso Human Rights Watch, muestra que tenía una herida de bala en el cuello», señala el informe, y agrega que el hermano de la víctima relató que su amigo le dijo «que era mejor que fuera y lo recogiera rápido antes de que lo lanzaran al río».
Santiago recogió el cadáver de su hermano, lo enterró y esa misma noche se fue del pueblo sin denunciar el crimen por miedo. «En ese lugar había más cuerpos», dijo a HWR.
Otro testigo, Darío Salcedo (seudónimo) relató cómo en la madrugada del 2 de enero dos miembros del ELN y un soldado de la venezolana Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llegaron a su casa en la localidad de El Ripial (Apure) en busca de su vecino Fernando Murillo (seudónimo).
El soldado venezolano acusó a Salcedo y a Murillo de ser «informantes» del Comando Conjunto de Oriente y luego de que los miembros del ELN lo amenazaran de muerte, otro miembro de esa guerrilla dijo que habían encontrado a su vecino, a quien ataron de pies y manos y lanzaron al piso donde un miembro de ELN lo asesinó con dos disparos.
El 25 de enero, presuntos miembros del Comando Conjunto de Oriente asesinaron al campesino Álvaro Peña Barragán y al día siguiente, durante su funeral, mataron a su esposa Rosalba Tarazona Ortega, «alegando que habían cooperado con el ELN», dijeron testigos y funcionarios locales a HRW.
PEDIDO DE PROTECCIÓN
El organismo señala que las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca con el envío de refuerzos militares pero dichas operaciones «no han protegido suficientemente a la población».
«Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas», agregó Taraciuk.
EFE
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