La Iglesia católica de Panamá pidió públicamente perdón este martes por las fallas institucionales registradas frente a al menos 24 denuncias de abuso sexual contra menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad cometidos entre 2001 y 2025, los cuales fueron detallados en un informe elaborado por una comisión internacional e independiente.
«Allí donde miembros de nuestra iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia», declaró el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, durante la presentación del documento.
Sanciones aplicadas y alcance del informe
El informe fue solicitado por la propia Arquidiócesis de Panamá sin que existiera un mandato judicial o un requerimiento formal de la Santa Sede. De las 24 denuncias analizadas con responsabilidad institucional directa, nueve involucran a menores de edad. En estos casos, cinco de los agresores fueron sancionados con la pena máxima del derecho canónico: la dimisión del estado sacerdotal.
Los casos restantes corresponden a delitos contra el sexto mandamiento cometidos contra 11 adultos en situación de vulnerabilidad y cuatro expedientes sin registro de edad. Respecto a estos procesos, el monseñor Ulloa confirmó que en varios de ellos también se aplicó la expulsión del sacerdocio.
El arzobispo confió en que la difusión del reporte motive a otras personas afectadas a romper el silencio: «Reiteramos a quienes han podido ser víctimas la confianza de que la Iglesia quiere acompañarlos en esa sanación y en esa restauración de la justicia», afirmó, añadiendo que los resultados permitirán fortalecer la prevención y consolidar espacios seguros en la institución.
Auditores independientes examinaron archivos secretos
El estudio fue desarrollado por la Comisión de Transparencia, financiada por la Notre Dame Law School (EE. UU.) y la Fundación Universidad Villanueva (España). María José Valero, integrante del equipo técnico, explicó que se trató de la primera aplicación de un modelo de valoración institucional diseñado para auditar sistemáticamente la respuesta eclesial ante este tipo de delitos.
Para llevar a cabo la investigación, los expertos revisaron los archivos diocesanos —incluyendo el archivo secreto del Arzobispo, el del Vicario Judicial y el del Tribunal Eclesiástico—, tomaron testimonios directos, aplicaron encuestas a agentes pastorales y analizaron la cobertura mediática sobre un universo de 37 denuncias iniciales.
Problemas de trazabilidad y garantías para las víctimas
Entre los hallazgos principales, el documento concluye que el problema central dentro de la Arquidiócesis radicó en el seguimiento y registro de las causas, más que en una actitud deliberada de negación. Los expedientes confirman la apertura de investigaciones y la adopción de medidas disciplinarias, pero la trazabilidad procesal tendía a perderse con el transcurso del tiempo.
El coordinador de la comisión, el reverendo Jordi Pujol, reconoció que las 24 causas documentadas podrían no abarcar la totalidad de las agresiones ocurridas en el periodo estudiado. Por ello, instó a posibles afectados a acudir a la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis.
«Hablar con la iglesia no le quita ningún derecho ante la Justicia del Estado. Pensamos que se va a encontrar con una iglesia que quiere escuchar», concluyó Pujol.
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