La decisión del presidente de la República, Gabriel Boric, de indultar a 12 jóvenes detenidos durante las protestas populares de 2019, conocidas como «estallido social», ha desatado una nueva tormenta política en Chile, con la oposición indignada y dispuesta a abrir nuevos frentes y romper el diálogo, en especial en la Mesa de Seguridad.
El indulto es una potestad que los presidentes chilenos suelen usar con motivo del fin del año y con la que el mandatario cumple una promesa electoral, incluye también a Jorge Mateluna, antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que combatió a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La noticia se difundió con cierta confusión porque primero se anunciaron 11 indultados y después 13, por un «error» del Ministerio de Justicia que envió «de manera incompleta» la nómina de personas, tomó por sorpresa a la oposición, que reaccionó con dureza e indignación.
La coalición de derecha «Chile Vamos» decidió retirarse de forma indefinida de las negociaciones de la Mesa de Seguridad, encabezada por la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien fijó este acuerdo como uno de sus grandes objetivos desde que llegó al cargo en septiembre, y cuyo cierre esperaba concretar el próximo martes 3 de enero de 2023.
Además del bloqueo de las conversaciones, que abordaban asuntos en torno al narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, entre otros, el partido de derecha Renovación Nacional, uno de los integrantes de la citada coalición, anunció que impulsará una acusación constitucional contra la titular de Justicia, Marcela Ríos, y exigió su renuncia.
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