Informe Provea 2025: Las desapariciones forzadas en Venezuela se disparan un 196 %

Las desapariciones forzadas en Venezuela experimentaron un alarmante incremento del 196 % durante 2025 en comparación con el año anterior, según el informe anual de la ONG Provea. La organización documentó casos con duraciones de «hasta más de 100 días», registrando un total de 160 víctimas frente a las 54 contabilizadas en 2024.

La socióloga Lissette González detalló que más de 130 dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente el año pasado, muchos de los cuales fueron sometidos a desapariciones forzadas. Asimismo, el informe revela que 336 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y militares; el 54 % de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años.

González denunció que el Ministerio Público, bajo la gestión de Tarek William Saab, no investigó ninguna de estas muertes. Con estos datos, la cifra de personas asesinadas por agentes del Estado desde el inicio del Gobierno de Nicolás Maduro en 2013 asciende a 10.853.

Tortura y liquidación del Estado de derecho

El balance de 2025 incluye 659 denuncias de violaciones a la integridad personal, abarcando torturas y tratos crueles. Se identificaron al menos 42 víctimas directas de tortura. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, calificó el periodo como la «liquidación del Estado de derecho», señalando que el país atravesó una tragedia de derechos humanos sin precedentes tras el «apagón democrático» de 2024.

Retos y exigencias para 2026

Pese al nuevo contexto político, Murillo advirtió que en 2026 el aparato represivo y el marco normativo que lo sustenta permanecen vigentes. La organización subrayó que la estabilización nacional solo será posible si las autoridades se comprometen a desmantelar las estructuras de persecución construidas en las últimas dos décadas.

Provea exigió la derogación de leyes que erosionan la libre expresión y la reunión pacífica, así como la liberación «plena e inmediata» de los presos políticos. La ONG calificó de insuficiente la amnistía aprobada en febrero, denunciando que su aplicación ha sido discrecional. Finalmente, insistieron en que el reto más urgente es la reinstitucionalización y el rescate de la independencia de los poderes públicos.

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