El informe final sobre el accidente del avión de Voepass, ocurrido el 9 de agosto de 2024 en el municipio de Vinhedo y que cobró la vida de 62 personas, concluyó que la tragedia fue causada por fallas operacionales, problemas de mantenimiento y severas anomalías en el sistema de deshielo. Según las investigaciones presentadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), la aeronave fue puesta en servicio con averías no reportadas oficialmente. Asimismo, el organismo de la Fuerza Aérea Brasileña determinó que el avión ATR 72-500 no debió despegar debido a una falla en el limpiaparabrisas derecho combinada con el pronóstico de lluvias y condiciones meteorológicas adversas.
«Cultura organizacional» fuera de la norma e irregularidades sistemáticas
Durante la exposición de los hallazgos, el teniente coronel Paulo Fróes, representante del Cenipa, denunció la existencia de una «cultura organizacional que normaliza prácticas fuera de los patrones» en el seno de la aerolínea. Esta dinámica, caracterizada por la informalidad y el ocultamiento de averías para mantener los aviones en operación, quedó evidenciada tras auditar 1.206 vuelos realizados por la aeronave en el año previo al siniestro: cerca del 30 % presentó algún tipo de incidencia. La investigación precisó que la acumulación de hielo mermó progresivamente el rendimiento del avión hasta provocar la pérdida total del control, mientras la tripulación no aplicó los procedimientos de emergencia ante los avisos en cabina.
Críticas a la regulación y consecuencias corporativas
El documento técnico incluyó también llamados de atención hacia la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), al considerar que sus metodologías de supervisión y gestión de riesgos no fueron eficaces para identificar a tiempo las vulnerabilidades de Voepass. Cabe recordar que, tras el accidente del vuelo que cubría la ruta Cascavel-Guarulhos, la ANAC aplicó medidas administrativas sancionatorias que derivaron en la suspensión de operaciones de la compañía en marzo de 2025 y la revocación definitiva de su Certificado de Operador Aéreo (COA) tres meses después.
Distinción de responsabilidades e investigación penal
El Cenipa remarcó que el propósito de esta auditoría es de índole estrictamente preventivo para la seguridad aérea global y no busca fijar responsabilidades penales o civiles por la muerte de los 58 pasajeros y cuatro tripulantes. No obstante, las actuaciones penales continúan abiertas de manera independiente por parte de la Policía Federal de Brasil para esclarecer posibles delitos individuales o corporativos vinculados al desastre aéreo.
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