Israel rechazó este miércoles como una imposición «política» las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que determinaron que, como potencia ocupante, debe aceptar y facilitar la entrada de ayuda en Gaza, incluida a través de la UNRWA, y no utilizar el hambre como arma de guerra.
«Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas contra Israel bajo el pretexto del ‘derecho internacional'», señaló el Ministerio de Exteriores en un mensaje difundido en X.
Además, acusó que la CIJ debería haber denunciado la presunta “actividad terrorista” de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Gaza, incluyendo a empleados que “participaron directamente en la masacre del 7 de octubre de 2023,” y pidió que se proporcionaran a la ONU “amplias pruebas” que lo demuestren.
Sin embargo, la CIJ estableció que Israel “no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa” de los trabajadores de la UNRWA son miembros de Hamás, ni tampoco ha demostrado la supuesta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto.
El tribunal señaló que el despido de nueve empleados tras una investigación de la ONU en 2024 por “posible implicación” en ataques es “insuficiente” para concluir que la UNRWA no es neutral.
La Corte, con sede en La Haya, se pronunció sobre las obligaciones de Israel como miembro de la ONU y potencia ocupante en territorios palestinos, especialmente respecto a la UNRWA, vetada por Israel desde enero.
«Israel cumple plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y rechaza la politización de este derecho que busca imponer medidas destinadas a perjudicar al Estado de Israel», agregó el Ministerio de Exteriores.
Gobierno de Benjamín Netanyahu
La CIJ también se refirió a los palestinos detenidos en cárceles israelíes y urgió al Gobierno de Benjamín Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto del Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, permitir el acceso a estas personas por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Asimismo, la Corte recordó que la deportación o traslado forzoso de civiles en un territorio ocupado, como Gaza, “están prohibidos” por el derecho internacional.
“El traslado puede considerarse ‘forzoso’ no solo si se usa la fuerza física, sino también cuando las personas no tienen opción más que abandonar el territorio, por ejemplo, debido a condiciones de vida intolerables”, explicó el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa.
Esta es la tercera vez que la CIJ se pronuncia sobre la presencia israelí en Palestina. En 2024, determinó que las políticas de asentamientos israelíes “violan el derecho internacional” y calificó la “presencia continua” de Israel en Palestina como “ilegal”, exigiendo la evacuación de colonos y la devolución de tierras a los residentes desplazados desde 1967.
En 2004, la Corte también declaró ilegal el muro de separación construido por Israel.
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