El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, detalló este jueves los seis puntos de la denuncia penal que interpondrá contra su rival electoral, el derechista Abelardo de la Espriella. La acusación incluye los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, los cuales, según el denunciante, evidencian nexos históricos con grupos paramilitares.
Cepeda, actual senador por el Pacto Histórico —coalición del presidente Gustavo Petro—, ofreció estas declaraciones a diez días de celebrarse la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. El aspirante vinculó directamente a De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, con delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según informaciones recibidas por Cepeda, su rival habría actuado como reclutador para estas estructuras mediante la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), una ONG promovida en su momento por los jefes de las AUC.
Creación de la Fundación Fipaz
Como primer argumento, Cepeda aseguró poseer información que señala que De la Espriella supuestamente creó y lideró Fipaz junto a las AUC a principios de la década de 2000, con el objetivo de obtener réditos políticos en medio del proceso de desmovilización de dicho grupo. Asimismo, afirmó que el candidato mantiene una relación de cercanía con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien presuntamente le ayudó en la administración de la mencionada fundación.
Designación de candidatos al Congreso
El segundo punto de la denuncia sostiene que, entre las actividades operativas que realizaba Fipaz en aquella época, se encontraba la selección y promoción de candidatos específicos para el Congreso de la República de Colombia, respondiendo a los intereses de la organización armada.
Sobornos a exparamilitares
La tercera acusación apunta a que De la Espriella presuntamente ofreció un soborno económico al exparamilitar alias «Juancho Dique» para que guardara silencio en sus declaraciones judiciales. Esto habría ocurrido durante el proceso de desmovilización de 30.000 combatientes amparados bajo la Ley de Justicia y Paz en 2005. Cepeda enfatizó que su rival jugó un doble papel como financiado y financiador de estas estructuras, mostrando gráficos explicativos para ilustrar la supuesta red de conexiones.
Beneficios derivados del crimen
En el cuarto apartado, Cepeda acusó al candidato de Defensores de la Patria de adquirir un predio perteneciente a un familiar del narcoparamilitar alias «Comandante Barbie», por un valor cercano a los 200.000 dólares. El terreno en cuestión estaría localizado en las proximidades de un centro logístico utilizado por los paramilitares entre 1996 y 2006.
Dinero a cambio de penas bajas
Como quinta presunta prueba, el candidato izquierdista citó el testimonio del exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias «El Tuso», quien acusó a De la Espriella de solicitarle aproximadamente un millón de dólares. Este dinero supuestamente iba a ser utilizado para coordinar sobornos ante las altas cortes y así asegurar sentencias notablemente reducidas para los procesados. Ante esto, Cepeda instó formalmente a la Fiscalía General de la Nación a reactivar las indagaciones correspondientes.
Elección de exfiscal e intervención internacional
Finalmente, el sexto punto sostiene que De la Espriella habría contribuido al pago de sobornos para influir en la elección del exfiscal general Mario Iguarán (2005-2009), con el fin de que su gestión sirviera como garante de impunidad para los comandantes de las AUC.
Debido a que Cepeda considera que estos delitos de lesa humanidad no han sido investigados con debida diligencia por las instituciones colombianas, solicitó formalmente la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta confrontación jurídica se produce en un escenario electoral altamente polarizado. En la primera vuelta del pasado 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo la primera minoría con 10,3 millones de votos (43,78 %), seguido por Cepeda con 9,7 millones (40,98 %). Los últimos estudios de opinión pública de cara al balotaje sitúan al candidato de derecha al frente de las preferencias con un 52,2 % frente al 44,5 % del representante del Pacto Histórico.
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