La Jurisdictión Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó formalmente este jueves a nueve antiguos integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, atribuye responsabilidades directas por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, tomas urbanas y ataques directos contra la población civil y combatientes fuera de combate en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío.
Exjefes señalados y trayectoria del Comando Conjunto Central
Entre los imputados figura Pablo Catatumbo Torres Victoria, exmiembro del secretariado de las FARC y posterior congresista del partido Comunes. La acusación abarca también a los exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central (CCC): Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina. Las investigaciones judiciales documentaron 94 incursiones armadas ejecutadas por esta estructura entre 1991 y 2016, identificándola como la unidad guerrillera con mayor número de ataques a poblaciones y estaciones policiales durante el conflicto.
Impacto de los ataques y perfil de las víctimas
El expediente judicial consolidó cerca de 600 causas anteriores, 54 informes de organizaciones sociales y los testimonios de 967 víctimas acreditadas, de las cuales el 54 % corresponde a población campesina. Entre los episodios documentados sobresale la toma de Roncesvalles en julio del año 2000, que provocó el destrozo de decenas de inmuebles y el éxodo de 800 personas, así como las incursiones en Puerto Saldaña, donde se registraron más de 3.600 desplazados y el asesinato de al menos 27 civiles. Desde la presidencia del tribunal se enfatizó que esta imputación permite juzgar hechos donde anteriormente la impunidad alcanzaba el 90 % de los casos.
Plazos procesales y escenarios de sanción
Tras la notificación del fallo, los nueve comparecientes dispondrán de 20 días hábiles para responder a los cargos formulados y de 30 días hábiles para presentar observaciones y aportar datos que permitan la localización de al menos 30 personas dadas por desaparecidas. En caso de aceptar la responsabilidad, los imputados accederán a audiencias públicas con la participación de las víctimas y a la imposición de sanciones restaurativas con restricción efectiva de libertades. De rechazar los cargos, el proceso se trasladará a la Unidad de Investigación y Acusación para la celebración de un juicio ordinario que podría derivar en condenas de hasta 20 años de cárcel.
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