La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó este martes que 20 exguerrilleros de las FARC son los «máximos responsables» del reclutamiento y utilización de niños para el conflicto armado colombiano. En consecuencia, el tribunal los llamó a reconocer formalmente su participación en estos crímenes de guerra.
Los acusados formaron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central de las FARC. Según el tribunal, su vinculación al proceso se debe a que ejercieron mando o cumplieron roles determinantes en la incorporación de menores a las filas guerrilleras.
Magnitud de las víctimas y enfoque étnico
La investigación, enmarcada en el Caso 07, ha identificado a 11.052 víctimas. De este total, 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales, lo que evidencia un impacto desproporcionado en comunidades indígenas y afrocolombianas. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, subrayó que estas poblaciones no solo perdieron a sus niños, sino que sufrieron una ruptura en sus estructuras sociales y continuidad cultural.
Las dos vías del proceso judicial
La magistrada Lily Rueda explicó que los 20 comparecientes enfrentan ahora una decisión definitiva: reconocer su responsabilidad para acceder a sanciones restaurativas (sin cárcel) o, de lo contrario, enfrentar un juicio en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde las penas pueden alcanzar los 20 años de prisión.
El tribunal determinó que el reclutamiento no fue un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática recrudecida entre 1996 y 2016. Las cifras indican que el 64% de los casos fueron forzados, el 22% se realizó bajo engaño y el 13% mediante persuasión. Ramelli insistió en que esta decisión es un «deber moral» para dar respuesta a las historias de vidas interrumpidas que hay detrás de cada dato.
Antecedentes de la investigación
Este proceso, iniciado en 2019, incluyó el análisis del daño y el planteamiento de necesidades restaurativas por parte de las víctimas. La JEP, creada bajo el acuerdo de paz de 2016, mantiene actualmente 11 macrocasos abiertos para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
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