El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acusó a diversas organizaciones no gubernamentales de incurrir en la mercantilización de la justicia al presuntamente exigir pagos para gestionar la liberación de personas consideradas presos políticos. Durante una sesión parlamentaria orientada a la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el legislador atribuyó a esta supuesta práctica la discrepancia existente entre el cómputo oficial de liberaciones y los registros de las ONG independientes.
En el mismo derecho de palabra, el parlamentario reconoció formalmente fallas en la administración de justicia local, admitiendo que entre los ciudadanos excarcelados recientemente se encontraban personas que no habían cometido hecho punible alguno. Rodríguez enmarcó estas distorsiones como parte de los problemas estructurales del sistema procesal que buscan corregirse mediante las reformas legales en curso.
Cifras del Gobierno interino y falta de registros públicos
Las declaraciones se producen en el contexto del proceso de transición política que encabeza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el acuerdo suscrito con un sector de la oposición luego de los acontecimientos de enero de 2026. Según el balance presentado por la mandataria interina, un total de 1.046 venezolanos han sido liberados en lo que va de año como parte de las medidas adoptadas en la nueva etapa política.
No obstante, hasta la fecha las instituciones del Estado no han publicado las listas consolidadas con la identidad de los beneficiarios de las medidas sustitutivas de libertad dictadas a lo largo de los distintos procedimientos. De manera paralela, el Legislativo promulgó una Ley de Amnistía orientada a hechos específicos ocurridos durante los últimos 27 años, instrumento que ha sido calificado como restrictivo por diversos juristas y activistas de derechos humanos.
Postura de la defensa técnica y contabilidad de detenidos
Frente a los señalamientos parlamentarios, organizaciones dedicadas a la asistencia jurídica gratuita, como el Foro Penal, han reiterado de forma sistemática que no perciben honorarios por la representación legal de las víctimas. La ONG, que registró más de 800 excarcelaciones entre enero y junio del presente año, mantiene una cifra actualizada de al menos 326 personas privadas de libertad por razones políticas.
El debate sobre la transparencia en los listados ocurre en un momento clave para el reordenamiento del Poder Judicial, en el que diversos sectores exigen la publicación completa de los dictámenes de liberación para verificar el estatus procesal de los ciudadanos aún recluidos.
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