El presidente de Chile, José Antonio Kast, no descartó este lunes la posibilidad de indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El Gobierno mantiene actualmente bajo revisión «caso a caso» cerca de un centenar de peticiones de perdón formal interpuestas por exefectivos de las fuerzas armadas.
«Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes (…). Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy», sostuvo el mandatario durante una entrevista concedida a Radio Agricultura.
El caso Krassnoff y las razones humanitarias
Consultado sobre la situación de Miguel Krassnoff (80) —exmilitar que suma condenas que superan el millar de años por secuestro, tortura y desaparición forzada—, Kast insistió en que los casos se resolverán evaluando la condición particular de cada solicitante. En ese sentido, sugirió que la prioridad radica en reclusos que padecen afecciones de salud severas: «La mayor discusión se produce en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal; no corresponde que una persona muera en la cárcel».
Las declaraciones sobre Krassnoff se producen luego de que el exoficial enviara una carta a un parlamentario en la que reivindicó la acción militar de 1973, afirmó no requerir «perdones ni favores» y manifestó su expectativa de obtener una «pronta libertad total» bajo las leyes vigentes.
Rechazo a una medida generalizada
El jefe de Estado precisó que no contempla aplicar una medida masiva, marcando distancia con las propuestas impulsadas por sectores de la ultraderecha —entre ellos el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano— que promueven una ley de amnistía o indulto general. Kast reiteró que, al margen de las iniciativas parlamentarias, la vía del Ejecutivo se mantendrá estrictamente en el análisis individual.
Sin embargo, la postura del mandatario y decisiones recientes de su gestión —como el recorte de un millón de dólares al programa destinado al plan estatal de búsqueda de detenidos desaparecidos— han encendido las alarmas entre las organizaciones y familiares de las víctimas de la dictadura. En la legislación chilena, el indulto es una prerrogativa constitucional que permite al mandatario remitir, reducir o conmutar las penas de personas con sentencia firme.
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