En un fallo judicial de alto impacto que profundiza las tensiones bilaterales entre Washington y Caracas, un juez federal de los Estados Unidos ordenó al mandatario venezolano Nicolás Maduro y al empresario Alex Saab el pago de 314 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses. Los demandantes denunciaron haber sido víctimas de encarcelamiento arbitrario y torturas sistemáticas en territorio venezolano.
La histórica resolución judicial responde a las demandas presentadas por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval. Los tres civiles permanecieron bajo custodia del Estado venezolano hasta finales de 2023, cuando fueron liberados en el marco de un alto perfil de intercambio de prisioneros acordado entre la administración de Joe Biden y el gobierno de Maduro. Dicho pacto diplomático incluyó, de forma recíproca, la liberación de Alex Saab por parte de las autoridades norteamericanas.
Un fallo contra la «estructura criminal»
La acción legal, promovida formalmente en 2025 por las víctimas, apuntaba directamente a la cúpula del gobierno venezolano, señalando a figuras clave como Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los denunciantes expusieron haber sido sometidos a severos episodios de tortura física y psicológica durante su período de reclusión.
En la sentencia dictada por el tribunal federal, el juez a cargo validó los argumentos de la acusación, calificando las acciones perpetradas como componentes operativos de una «empresa criminal» presuntamente dirigida desde el palacio de Miraflores por el propio Nicolás Maduro. Basado en este criterio, el tribunal dictaminó la multimillonaria indemnización a favor de los tres ciudadanos estadounidenses.
Implicaciones diplomáticas
Este fallo judicial introduce un nuevo elemento de fricción en la ya compleja arquitectura de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La decisión no solo expone legalmente a los altos funcionarios sancionados, sino que subraya el persistente conflicto en torno a las detenciones de ciudadanos extranjeros, las sanciones económicas internacionales y el alcance de las negociaciones diplomáticas entre ambos países.
Hasta el momento de la emisión de este despacho, las autoridades gubernamentales de Caracas no han emitido pronunciamientos oficiales respecto a la sentencia económica impuesta en la jurisdicción norteamericana.
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