San Salvador.- El juez del proceso penal por la masacre de mil campesinos en El Mozote (1981), Jorge Guzmán, intentará este lunes ingresar al archivo de la Fuerza Aérea salvadoreña para buscar documentos relacionados con la matanza, pese a la negativa de las autoridades de permitir este procedimiento en un primer intento el 21 de septiembre pasado.
El Ejército bloqueó anteriormente el ingreso de Guzmán al Estado Mayor en San Salvador para comenzar la diligencia judicial bajo el argumento de que dicha inspección pondría en peligro el resguardo de documentos secretos.
El presidente Nayib Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, aseguraron al juez mediante dos documentos que la Fuerza Armada mantendría su postura de manera «invariable».
El juzgador asumió, de acuerdo a una resolución al a que Efe tuvo acceso, que esta postura es únicamente con los archivos del Estado Mayor, por lo que suspendió las inspecciones a este sitio y adelantó las del la Fuerza Aérea, ubicada en la central localidad de Ilopango.
No obstante, según un documento al que Efe tuvo acceso, el Ejército no comparte el interés del proceso penal que enfrentan más de una docena de mandos militares por crímenes de guerra.
«Esta institución no había tenido acceso en dicho caso, en vista que, por el objeto de referida causa penal la Fuerza Armada de El Salvador no es parte y tampoco puede considerarse que tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma», señaló el ministro Merino en un escrito que envió a la Corte Suprema para intentar frenar por esa vía las inspecciones.
El presidente salvadoreño aseguró el pasado 24 de septiembre, en una cadena nacional de radio y televisión, que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos.
En esa misma comparecencia, el mandatario anunció la desclasificación de algunos archivos supuestamente relacionados con la masacre, sin que hasta el momento se conozca si fueron entregados al juez Guzmán y a la Fiscalía.
«La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años», sostuvo el jefe de Estado al presentar cinco cajas pequeñas con documentos.
Un grupo de organizaciones sociales pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de «encubrimiento» de la masacre.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
EFE
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