Meanguera (El Salvador).- Fidel y María de la Paz tenían grandes esperanzas de justicia para sus familiares asesinados por el Ejército de El Salvador en 1981, en plena guerra civil, pero ahora ese sentimiento se va convirtiendo en desesperanza después de que el juez que conducía el proceso penal por la matanza fuera cesado por una reforma aprobada por el Congreso.
«Hemos perdido tanto tiempo, 40 años ya, y que no haya justicia. Esa era la esperanza de nosotros, que hubiera justicia (…), porque podemos perdonar, pero nunca olvidar», manifestó a Efe María de la Paz Chicas, quien tenía 11 años cuando fue perpetrada la matanza y que 40 años después del hecho sigue exigiendo justicia para 25 familiares, entre ellos tres hermanos, una hermana y 17 sobrinos.
Entre el 10 y el 13 de noviembre de 1981 en El Mozote y sitios aledaños soldados del elite del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres, de acuerdo con un informe de 1993 de las Naciones Unidas.
El caserío El Mozote es un pequeño poblado que se ubica en el oriental municipio de Meanguera -a 187 kilómetros de San Salvador-. La tranquilidad que ahora se percibe en el lugar contrasta con lo que ahí ocurrió hace 40 años.
«Era como un desierto acá. Aquí (en el sitio de la masacre) solo se miraban coyotes, cráneos, pedazos de huesos de la gente. Por donde quiera se recogían (los huesos). Los recogíamos, hacíamos los montones y los tapamos (cubrimos), y cuando vinieron los doctores forenses a hacer las exhumaciones se los entregamos», recuerda la mujer.
«UN RETROCESO QUE DUELE»
Para María de la Paz, quien se convirtió en guía turística de El Mozote, el cese del juez Jorge Guzmán representa un retroceso en la causa penal, cuyo proceso es el que más ha avanzado desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) anuló una ley de amnistía en 2016.
Guzmán fue cesado por una reforma a la Ley de la Carrera Judicial -que cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio-, la cual fue aprobada en septiembre por la Asamblea Legislativa, firmada por el presidente Nayib Bukele y respalda por el Supremo.
La causa penal contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio, sin embargo, actualmente se encuentra paralizada.
«Para nosotros, los familiares de todos los que murieron aquí, es como volver a abrir las heridas, es como volver a empezar el dolor, porque pensamos que la justicia no existe para nosotros, tanto que hemos sufrido», dijo la mujer de 51 años.
Como guía, María de la Paz reseña a los turistas nacionales y extranjeros lo sucedido en El Mozote y, aunque todavía su voz se quiebra al recordar el hecho, está convencida que la historia debe seguirse contando.
«Hace falta la gente que cuente la historia y que no se olvide, porque lo que queremos es que no se olvide y ese retroceso duele, más que todo cuando el Gobierno se comprometió a apoyarnos», comentó.
SIN ACERCAMIENTOS
En sustitución de Guzmán, la Corte Suprema procedió a nombrar a la jueza Mirtala Portillo para liderar el Juzgado de Instrucción de la localidad de San Francisco Gotera (oriente), corte que preside el proceso penal.
Fidel Pérez, de 46 años y otro sobreviviente de la matanza, dijo a Efe que hasta el momento no han tenido comunicación con la jueza designada.
«No nos hemos reunido, no tenemos acercamiento, no sabemos la actitud de ella hacia nosotros», señaló Pérez, quien brindó en noviembre de 2019 su testimonio ante Guzmán durante una audiencia.
El hombre, cuya madre y una hermana de tres días de nacida fueron asesinadas, coincide con María de la Paz en que cesar al juez Guzmán es un retroceso y subraya: «Lo único que nosotros queremos es justicia».
«La bandera de nosotros es saber la verdad y una vez sabiendo la verdad que se haga justicia (…), queremos que se haga justicia porque no puede ser que se quede impune. Si eso fuese así (quedar en la impunidad) para nosotros sería un golpe más, lo que queremos es que se haga justicia porque venimos año con año luchando», agregó.
Pérez y María de la Paz se preparan para conmemorar el sábado el 40 aniversario de la matanza, considerada una de las más graves registradas en Latinoamérica en el siglo XX.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
Sara Acosta EFE
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