Justicia venezolana otorga libertad condicional a Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo

La Justicia de Venezuela otorgó este lunes libertad condicional al dirigente opositor Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, y a David Barroso, exdirector de seguridad ciudadana de la misma localidad. Ambos funcionarios habían sido detenidos en octubre de 2024 y permanecían bajo arresto domiciliario desde agosto de 2025.

Bajo la nueva sentencia, Ramírez y Barroso deberán presentarse cada 30 días ante los tribunales y tienen estrictamente prohibida la salida del territorio nacional.

A su salida del Palacio de Justicia de Maracaibo, Ramírez ofreció declaraciones a la prensa en las que calificó su tiempo en cautiverio como un paso por el «lado oscuro».

«Después de 567 días, hemos vuelto. Salimos íntegros, decididos y convencidos de que el cambio está llegando», expresó el dirigente.

No obstante, fue enfático al señalar que la crisis de derechos humanos en el país persiste: «No hay nada que celebrar debido a que aún hay muchos presos políticos». Ramírez aprovechó la ocasión para reiterar la necesidad de un proceso de elecciones libres que permita la reconciliación del país.

Contexto de la detención

Ramírez y Barroso fueron aprehendidos en medio de la crisis política posterior a las presidenciales de julio de 2024. En aquel momento, el Ministerio Público acusó al exalcalde de presuntos hechos de corrupción. Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sostuvo que la Alcaldía desviaba fondos de la recaudación de impuestos hacia partidos de la oposición mayoritaria.

El marco de las «Medidas Alternativas»

La liberación de los funcionarios zulianos coincide con el anuncio gubernamental sobre el otorgamiento de «medidas alternativas» a 51 personas detenidas. Estas acciones responden a una solicitud del Programa para la Convivencia y la Paz, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Aunque el Gobierno no especificó las identidades de todos los beneficiados, se detalló que los procesos corresponden a delitos vinculados con «atentados contra la institucionalidad democrática». Cabe destacar que la amnistía aprobada por el Parlamento en febrero pasado excluye formalmente casos de corrupción, homicidio y violaciones a los derechos humanos, lo que deja interrogantes sobre los detalles técnicos de la sentencia de Ramírez.

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