Fotografía de archivo de Keiko Fujimori en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

En su cuarto intento por llegar a la jefatura del Estado, la líder derechista Keiko Fujimori consiguió ganar las elecciones presidenciales en Perú. Con este resultado, se encamina a ocupar el sillón presidencial que ejerció durante una década su difunto padre, Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, a quien buscará emular mediante una abierta reivindicación de su legado político y económico.

Por un margen ajustado de poco más de 40.000 votos sobre el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, Fujimori se consolidó como la ganadora de los comicios oficiales. La líder de Fuerza Popular aguarda la proclamación institucional definitiva para asumir el mandato presidencial el próximo 28 de julio, iniciando un periodo de cinco años que se extenderá hasta el 2031, bajo la promesa de revalorizar la gestión de su progenitor.

Fin de las derrotas consecutivas

Tras haber sufrido derrotas consecutivas en las segundas vueltas de los tres procesos electorales anteriores por márgenes sumamente estrechos, Fujimori se convierte en la primera mujer elegida para la presidencia de la República mediante votación popular directa. A sus 51 años, la mandataria electa asumirá las riendas del país luego de cruzar una fase de extrema volatilidad política en la que Perú llegó a registrar ocho presidentes en el lapso de diez años.

Esa constante rotación en el Ejecutivo fue el producto de sucesivas destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, muchas de las cuales contaron con el respaldo directo de la bancada fujimorista. Debido a esta influencia legislativa, los sectores de oposición sostienen que Fujimori ejerció un notable poder político en la sombra durante los últimos años, con especial énfasis tras la destitución en 2022 de Pedro Castillo, el expresidente en cuyo espectro ideológico postulaba ahora Roberto Sánchez.

Retorno del movimiento fujimorista al Palacio de Gobierno

El triunfo electoral significará el regreso formal del fujimorismo al Gobierno central un cuarto de siglo después de que Alberto Fujimori dimitiera a su cargo mediante un envío de fax desde Japón. Aquel acontecimiento ocurrió tras desatarse una crisis institucional por escándalos de corrupción, lo que derivó años más tarde en su detención en Chile y su posterior extradición a territorio peruano, donde fue sentenciado por delitos de lesa humanidad y malversación de fondos públicos.

A este nuevo proceso electoral, la candidata derechista llegaba arrastrando un antivoto cercano al 66 %, lo que implicaba que dos de cada tres peruanos manifestaban su rechazo a votar por su propuesta. No obstante, el 17,19 % de los apoyos válidos obtenidos durante la primera vuelta fue suficiente para asegurarle un espacio en la ronda definitoria, donde en esta oportunidad la balanza se inclinó a su favor.

Paso de la reclusión a la jefatura de Estado

La trayectoria de la próxima mandataria dio un giro radical a los 16 años, cuando su padre ganó de forma imprevista las elecciones presidenciales de 1990 frente al escritor Mario Vargas Llosa. Posteriormente, a los 19 años de edad, asumió responsabilidades políticas directas al ser nombrada primera dama tras la separación de sus padres, una función que desempeñó hasta el término de la administración de su progenitor.

Tras culminar sus estudios profesionales en el extranjero, regresó a Perú en 2005 con el propósito de reorganizar su movimiento político para recuperar el Ejecutivo y promover la excarcelación de su padre. Ese extenso recorrido institucional le costó severos reveses electorales, un distanciamiento político con su hermano menor Kenji Fujimori y un prolongado periodo de prisión preventiva de casi año y medio entre 2018 y principios de 2020, del cual fue eximida de juicio penal el año pasado por disposición del Tribunal Constitucional.

De cara al próximo quinquenio, Fujimori asume la compleja tarea de conducir un país profundamente polarizado entre los ciudadanos que consideran su elección como una alternativa viable para recuperar la estabilidad económica y los sectores sociales que rechazan de manera categórica el retorno de la influencia familiar al Ejecutivo.

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