Sindicatos integrados en la Central Obrera Boliviana (COB) reclamaron este jueves la liberación de doce manifestantes detenidos durante la ocupación del Ministerio de Trabajo. La movilización, que cumple su cuarto día consecutivo, trasladó su protesta hacia las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, bajo una fuerte custodia de agentes antimotines.
El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, calificó como «falsas» las causas de detención de los manifestantes y aseguró que la marcha no se retirará de las inmediaciones de la Felcc hasta que todos los trabajadores sean puestos en libertad. Argollo sostuvo que la entrada al edificio ministerial fue autorizada y pacífica, denunciando que sus compañeros fueron víctimas de una «emboscada» policial tras haber ingresado con permiso de una autoridad.
Postura del Gobierno frente a la ocupación
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rechazó categóricamente la versión sindical, calificando la toma del Ministerio como un «acto violento» e inaceptable contra un espacio público. El mandatario comparó el ejercicio de la violencia con «una suerte de sicariato» y, aunque afirmó que su gestión apuesta por el diálogo, advirtió que no se tolerarán acciones de fuerza que vulneren la seguridad de las instituciones estatales.
Antecedentes de la jornada violenta
El conflicto se recrudeció el miércoles cuando trabajadores fabriles ocuparon la sede de Trabajo para exigir la renuncia del ministro Edgar Morales, a quien culpan por la falta de soluciones salariales. En paralelo, enfrentamientos entre manifestantes y policías en las inmediaciones de la plaza Murillo derivaron en el arresto de trece personas, de las cuales doce permanecen bajo custodia tras la recuperación del control del edificio por parte de la fuerza pública.
Pliego de demandas y bloqueos viales
La COB mantiene sus exigencias por un incremento salarial del 20 %, la protección de las empresas estatales contra la privatización y la derogación de la ley de tierras. A estas demandas se han sumado sectores campesinos e indígenas que, desde el miércoles, mantienen bloqueos de carreteras en el altiplano paceño, afectando el tránsito comercial y de pasajeros hacia las fronteras con Perú y Chile.
Denuncia por irregularidades salariales
En medio de la crisis, un diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra Mario Argollo. Se le acusa de gestionar de forma irregular una declaración de «invalidez» laboral para percibir, junto con otros bonos, un ingreso mensual de 47.000 bolivianos (aproximadamente 6.752 dólares), lo que añade un componente de cuestionamiento ético al liderazgo de la movilización.
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