El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta procesos por trata y tráfico de personas y por terrorismo y alzamiento armado, con órdenes de captura que la Policía no ha podido ejecutar por falta de condiciones para evitar un enfrentamiento con sus seguidores en su bastión político en el centro del país. Morales (2006-2019) permanece en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba desde finales de 2024, desde donde ha mantenido un papel contestatario frente a los Gobiernos de Luis Arce y de Rodrigo Paz.
La Fiscalía de Tarija inició en septiembre de 2024 una investigación en su contra por trata agravada debido a la presunta relación que tuvo en 2016 con una menor de edad, con quien habría tenido una hija. Tras presentar la acusación en octubre de 2025, un tribunal lo declaró en rebeldía en mayo pasado y emitió una orden de aprehensión al no presentarse al juicio. Desde finales de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ protegido por círculos de seguridad de sus seguidores.
Argumentos de la defensa y versión de Morales
Morales y su equipo legal sostienen que este caso corresponde a una investigación de 2020 reactivada con «intención política» para inhabilitarlo. Asimismo, denuncian que la administración de Paz actúa bajo motivaciones políticas y que existen incidentes pendientes de resolución judicial. La defensa asegura además que «no hay víctima», basándose en memoriales presentados por la mujer involucrada donde afirma no haber sido objeto de ningún delito.
Nuevas acusaciones por terrorismo y bloqueos
Un segundo frente judicial se abrió tras los conflictos sociales de mayo y junio pasados, que exigían la renuncia del mandatario Rodrigo Paz y dejaron un saldo de 16 fallecidos —13 por falta de atención médica ante el bloqueo de rutas— y pérdidas por 3.000 millones de dólares. A raíz de una denuncia de líderes cívicos de Santa Cruz, la Fiscalía emitió una nueva orden de captura contra Morales por terrorismo y alzamiento contra la seguridad del Estado. Aunque niega haber promovido las protestas, Morales arengó los bloqueos en discursos y sugirió públicamente al presidente militarizar el país o convocar a elecciones.
Dificultades operativas para la captura
La ejecución de las órdenes de arresto se ha visto imposibilitada desde finales de 2024 debido a los bloqueos de carreteras y la resistencia violenta de los simpatizantes en el Trópico de Cochabamba. La fuerza pública se ha replegado de la zona en al menos dos ocasiones para evitar enfrentamientos directos, ya que los seguidores del exgobernante mantienen el control de las vías de acceso.
Contradicciones en la postura oficial
El caso ha generado polémica reciente luego de que Morales difundiera un video conduciendo un vehículo y conversando con dos agentes en un puesto de control, lo que derivó en procesos disciplinarios para los uniformados. La postura del Ejecutivo muestra divergencias: mientras el comandante de la Policía, Mirko Sokol, declaró que la captura «no es una prioridad» ante el volumen de órdenes pendientes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó enfáticamente que detener al exmandatario constituye una «tarea prioritaria».
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