La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha archivado la investigación que abrió para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, ante la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.
El ministerio público ha dictado un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia que presentaron dos ex empleadas contra el cantante por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
Porque, según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes», y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).
Sin vínculo con España
La Fiscalía considera que el criterio decisivo «es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe» porque los hechos no discurren en territorio español, ni las denunciantes o los denunciados se encuentran en España.
Además, apunta a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España desplace la jurisdicción del Estado «primariamente competente», salvo que quede acreditada la «imposibilidad real o falta de voluntad de investigar», algo que en este caso no se da porque «en ningún momento se han denunciado los mismos en los países territorialmente competentes».
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
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