Berlín.- Más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree que la corrupción está aumentando y que su gobierno no hace lo suficiente para combatirla, especialmente en Venezuela, República Dominicana y Perú, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional (TI) publicado este lunes.
La edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción, una encuesta a más de 17.000 personas de 18 países, apunta que el 53 % de los interrogados cree que en los últimos doce meses ha empeorado la situación, una tasa algo inferior al 62 % del muestreo anterior, publicado en 2017.
Además, un 85 % de los encuestados mantiene que la corrupción en el Ejecutivo es un «gran problema» y un 57 %, que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo atajando esta lacra. Sólo uno de cada cinco dice tener «confianza» en su gobierno.
«Lo que nos dicen es que la situación no mejora, más bien que sube la preocupación. Pero no sólo por la corrupción, también por las dificultades de los gobiernos para dar una respuesta al problema, una respuesta coherente con sus discursos contra la corrupción», explica en una entrevista a Efe la directora ejecutiva de TI, Patricia Moreira.
El estudio revela asimismo que el 20 % ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público básico, del agua y la electricidad a la sanidad y la educación. Los países más afectados son Venezuela (donde un 50 % asegura haber pagado), México (34 %) y Perú (30 %). Costa Rica, con sólo un 7 %, aparece en el otro extremo de la clasificación.
Las malas prácticas están además estrechamente ligadas con las elecciones, según se desprende de esta encuesta. Un 65 % piensa que sus representantes están influidos por «intereses privados» y un 25 % asegura que se le ha ofrecido dinero a cambio del voto.
El estudio también pone de relieve que la corrupción afecta especialmente a las mujeres. Ellas se ven forzadas en más ocasiones a pagar sobornos por servicios sanitarios y educativos. Además, una de cada cinco denuncia haber sufrido una extorsión de carácter sexual.
«Es muy importante estudiar en profundidad el vínculo entre corrupción y género. La corrupción es un tabú en muchos sitios; y la discriminación sexual, también. La corrupción contra la mujer es por tanto un doble tabú. Por eso es importante darle espacio y visibilidad a este asunto. Si no, no se puede contrarrestar», explica Moreira.
Aunque no hay una clasificación de la situación por países, el barómetro sí que detalla los resultados nacionales de la macroencuesta.
Destaca el porcentaje de venezolanos que creen que la corrupción ha aumentado en el último año, un 87 %, muy por encima de los resultados en otros países. Le siguen República Dominicana (66 %) y Perú (65 %). Venezuela es asimismo el país donde más encuestados aseguran haber pagado una mordida en los últimos 12 meses, un 50 %.
Los venezolanos son también quienes más pesimistas se muestran sobre la actuación de su gobierno: el 91 % cree que lo está haciendo mal, seguidos por los ciudadanos de Panamá (79 %) y República Dominicana (72 %). Sobresalen en sentido contrario México, donde el 61 % piensa que su Ejecutivo lo está haciendo bien en la lucha contra la corrupción.
«Lo que está pasando con Venezuela no es aceptable ni sostenible», apuntó Moreira.
La compra de votos, por su parte, aparece como endémica en México, donde el 50 % asegura que se le ha ofrecido dinero para respaldar a un partido o candidato, seguido por República Dominicana (46 %), Colombia y Brasil (40 %).
«Algo muy llamativo es la compra de votos en México. Es un caso excepcional, el país más destacado en este apartado. Otro dato preocupante es que uno de cada cuatro de los que se le ha ofrecido dinero dice haber sido amenazado para votar realmente por lo que se le pagó», señala la directora ejecutiva de TI.
La policía aparece en general como el servicio más corrupto (a quienes dicen haber pagado el 24 % de los interrogados), seguido por los proveedores de servicios básicos (19 %), los emisores de documentos de identidad (15 %), los colegios (12 %), los juzgados (11 %) y los centros sanitarios (10 %).
El barómetro también señala que tres de cada cuatro encuestados cree que denunciar la corrupción les conllevará «represalias» (especialmente en El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela). No obstante, el 77 % confía en que cualquiera puede «marcar una diferencia» en la lucha contra estas malas prácticas.
Sobre estos resultados, TI insta a los gobiernos a castigar la compra de votos, a reforzar la transparencia financiera de partidos y candidatos y a mejorar la eficiencia de los servicios públicos. También pide que se garantice la independencia de la Justicia, que se proteja a los denunciantes y que se reconozca la extorsión sexual como una forma de corrupción.
El informe llama también a implementar el Compromiso de Lima, que contiene 57 acciones para reforzar la acción de los gobiernos contra la corrupción, y difundir públicamente los avances en este ámbito.
Juan Palop EFE
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