Rolnar Sanabria, exfiscal contra la Delincuencia Organizada en la frontera entre Colombia y Venezuela y fundador del Latino Institute for Security Efficiency, analizó la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, que entra en una nueva etapa de incertidumbre justo cuando el resultado electoral cambia el mapa político en Washington, y alertó a la comunidad sobre el aumento de estafas vinculadas al programa.
Para entender el momento actual, explicó Sanabria, hay que mirar la secuencia completa. El 30 de octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la solicitud del gobierno de mantener suspendida la orden judicial que cuestiona la cancelación del TPS venezolano. Como la suspensión que había dictado la Corte Suprema en octubre de 2025 vencía el 6 de noviembre de 2026, esa decisión abría la posibilidad de que las protecciones se restablecieran a partir de esa fecha.
Sin embargo, el 3 de noviembre, la misma corte concedió al gobierno una suspensión administrativa de 14 días, con efecto desde el 6 de noviembre, lo que pospone al menos hasta el 20 de noviembre cualquier posible restauración. Según los abogados de los demandantes, más de medio millón de venezolanos quedaron sin estatus tras la cancelación del programa.
«Esta suspensión no es una derrota definitiva ni una victoria. Es una pausa. La batalla judicial sigue abierta y cada decisión puede cambiar el panorama en cuestión de días. Por eso la comunidad necesita información clara y no rumores”, explicó Sanabria.
¿Qué esperar?
Sanabria señaló que el 20 de noviembre es la próxima fecha clave, aunque el panorama puede cambiar antes si el gobierno acude de nuevo a la Corte Suprema o si el Noveno Circuito emite otra decisión.
“Lo más probable es que sigamos viendo movimientos judiciales en las próximas semanas. Nada de lo que ocurra en este período debe tomarse como definitivo hasta que las autoridades publiquen instrucciones oficiales”, indicó.
¿Qué hacer?
El exfiscal recomendó a los venezolanos mantener organizados sus documentos migratorios, guardar copias de sus permisos y recibos de trámites anteriores, informarse únicamente a través de los canales oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y consultar su caso particular con un abogado de inmigración con licencia o con una organización reconocida. “Cada caso es distinto. Lo que aplica a un vecino no necesariamente aplica a usted”, advirtió.
¿Cómo no caer en estafas?
Sanabria fue especialmente enfático en este punto. “En mis años como fiscal vi cómo los delincuentes se aprovechan de la desesperación de la gente. Y ahora, en Estados Unidos, trabajando con inmigrantes, les enseño a denunciar estafas y fraudes, porque es lo que veo constantemente. Hoy ya hay gestores y supuestos asesores cobrando por inscripciones, reactivaciones o cupos especiales del TPS que simplemente no existen. Mientras USCIS no publique instrucciones oficiales, nadie puede venderle un trámite para recuperar su TPS. Quien le cobre por eso lo está estafando”, afirmó.
Recomendó desconfiar de quien garantice resultados, pida pagos en efectivo o por aplicaciones sin recibo, o presione para actuar de inmediato. También advirtió sobre los llamados notarios, que en Estados Unidos no están autorizados para dar asesoría migratoria. “Si usted es víctima de un fraude, denúncielo. Hacerlo protege a otros venezolanos que podrían caer en la misma trampa”, añadió. Las denuncias pueden presentarse ante la Comisión Federal de Comercio en reportfraud.ftc.gov.
El contexto político
El analista destacó que el panorama político también se movió. Tras las elecciones de mitad de período, en las que el Partido Demócrata ganó el control de ambas cámaras, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista telefónica con Fox News que está dispuesto a trabajar con la nueva mayoría en materia de inmigración, aunque descartó cualquier acuerdo que signifique abrir la frontera.
“Ese matiz es clave. El presidente dejó claro que la seguridad fronteriza no está en negociación, pero sí otros aspectos de la inmigración. Ahí puede haber espacio para hablar de quienes ya están aquí, trabajan, pagan impuestos y no tienen antecedentes. Pero hay que ser realistas: mientras el TPS dependa de decisiones administrativas y fallos judiciales, los venezolanos seguirán viviendo de suspensión en suspensión. La única salida estable es una ley, y el nuevo Congreso asume en enero, así que cualquier avance legislativo tomará tiempo”, señaló.
Sanabria aclaró que no es abogado en Estados Unidos y que sus comentarios son de análisis, no asesoría legal.
“La seguridad y la dignidad no son opuestas. Los criminales deben ser identificados y capturados, pero los venezolanos que trabajan, respetan la ley y aportan a este país tienen valor y merecen ser respetados. Y nadie tiene derecho a robarles su esperanza con promesas falsas”, concluyó.
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