Bogotá.-Los bosques que rodean Caño Cristales, el río colombiano de «cinco colores», ardieron esta semana ante la impotencia de comunidades campesinas e indígenas de la zona. Es el enésimo capítulo de deforestación, una emergencia climática que afecta a toda la Amazonía con el oscuro sello de las bandas criminales.
Las llamas devoraron unas 200 hectáreas de vegetación de la Serranía de la Macarena -que alberga dos parques nacionales naturales-, un corredor de biodiversidad donde confluyen los ecosistemas de los Andes, la Orinoquía y la Amazonía, en el departamento del Meta, centro del país.
El área quemada por el incendio, ya extinguido, aumentó el contador de hectáreas deforestadas de Colombia, pese a la insistencia del Gobierno en que la deforestación es cada vez menor.
A pesar de que en 2018 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) contabilizó 197.159 hectáreas deforestadas, un 10 % menos que en 2017, la cifra es todavía alarmante porque en este último se habían registrado niveles máximos, sobre todo en la Amazonía.
El origen de la tragedia, en muchos casos, responde a la presencia y los intereses de grupos armados ilegales, narcotraficantes o disidencias de antiguas guerrillas que hacen de la riqueza del ecosistema la fuente de sus negocios.
VERSIONES CONTRADICTORIAS
El Gobierno informó el sábado pasado de que disidencias de las FARC habían provocado la quema que afectó los parques nacionales naturales de Tinigua y Sierra de La Macarena para ampliar las zonas donde siembran cultivos de coca.
Sin embargo, el delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público), Diego Trujillo, explicó a Efe que «hay muchas versiones contradictorias en lo relacionado con los hechos».
«Tantas versiones lo único que demuestran es que no hay uniformidad ni un buen manejo de la información. El Gobierno y las Fuerzas Militares tienen que apresurarse para que entre la Policía y el Ejército aclaren qué ha ocurrido de verdad», enfatizó el delegado ambiental.
Trujillo explicó que en la deforestación el pastel se reparte entre «disidencias de las FARC, paramilitares o narcos: todos reciben como combustible el interés de importantes empresas que quieren pescar en río revuelto en esta falta de orden en el territorio».
La preocupación de la Procuraduría, que se constituirá como parte civil en la denuncia penal del incendio, es que las quemas permitan que grupos ilegales y empresas privadas vinculadas con la agroindustria ocupen hectáreas que antes estaban protegidas por ser parques naturales nacionales.
«Aquí el que está ganando puede ser el que menos pensamos», agregó Trujillo.
DENUNCIAS DE LOS CAMPESINOS
Para parar la deforestación, el Gobierno del presidente Iván Duque impulsó el año pasado la Operación Artemisa en los parques naturales del país.
En esta operación las autoridades capturaron a 20 personas en otro lugar de la zona por su presunta implicación en la deforestación de parques naturales y entregaron a cinco niños al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de la protección de infantes y adolescentes.
Organizaciones de defensa de derechos humanos, como Dejusticia, y colectivos campesinos criticaron que estas detenciones criminalizan a los campesinos y los pueden estar afectando de «manera desproporcionada».
Carmenza Gómez, campesina de La Macarena, uno de los municipios aledaños al incendio, lamentó a Efe que la comunidad tiene «miedo por las detenciones y las judicializaciones» y denunció que el Ejército y la Policía «detienen a la gente y queman las casas de campesinos y colonos que históricamente han vivido allí».
Gómez negó que ellos alentasen la deforestación y aseguró que las personas que atacan los bosques «son actores ajenos al territorio».
«Allá ha llegado mucha gente extraña que antes no se veía y que ha venido talando indiscriminadamente, nosotros no defendemos a esas personas», insistió Gómez.
En la misma dirección, Trujillo criticó que «se está reventando la cuerda por la parte más delgada» y reveló que la Procuraduría tiene información de que «economías ilegales están utilizando a pequeños campesinos que aparecen como ocupantes de las tierras y al final son los que están judicializando hoy por delitos ambientales».
LUCHA POR EL MEDIOAMBIENTE
A pesar de las críticas, en el Ministerio de Medio Ambiente argumentan que se ha atajado el aumento de la deforestación en los últimos dos años y que Colombia es el país de la región que está mostrando mejores resultados en este propósito.
«Somos el país que está ganando la batalla contra esto. Hemos tenido una política que lucha contra los crímenes ambientales, también en la frontera tenemos control de tráfico de flora y fauna. Colombia es un ejemplo para el mundo entero», aseveró a Efe en entrevista telefónica el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano.
El Ideam calcula que los Parques Nacionales Naturales perdieron 21.046 hectáreas solo en 2018, con el agravante de que, en esas reservas -que corresponden a más del 12 % de Colombia- está el 32 % de la biodiversidad identificada en el país.
Detrás de estas tensiones, los principales afectados son la biodiversidad y la riqueza que los bosques protegidos le aportan a Colombia y al mundo, reservas habitadas por comunidades indígenas ancestrales con un futuro incierto.
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