Ciudad Guayana.- Luego que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobará la ley que crea los pagos de impuestos a grandes patrimonios, la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní) rechazó estas medidas establecidas.

De acuerdo con lo expuesto en la ANC, está nueva ley se crea a fin de contribuir con la estabilidad fiscal del país y está canalizada a personas naturales y jurídicas que tengan patrimonios mayores a 250 mil euros.

Luis Arturo Núñez, presidente electo para el período 2019 – 2021 de Camcaroní, hizo referencia “está ley tiene otro tipo de figura muy distinto a las dos formas que se establecen en la Constitución Bolivariana de Venezuela”.

Aseguró que existen dos maneras de generar legislación: una es a través de las leyes ordinarias, que son la norma de rango legal que constituye.

La otra forma parte de las leyes orgánicas, que son aquellas que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales.

Procedimientos que son bien claros y están establecidos dentro de la constitución venezolana.

“La Constitución establece la forma en que deben ser creadas las leyes. Ahora nos conseguimos con estas nuevas figuras que son las leyes constitucionales por el organismo de la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

Además, expresó que el gobierno es quien debe de llevar la batuta y no los empresarios, quienes prácticamente llevaran la mayor carga con esta nueva ley de impuestos.

“Si nosotros vamos en contra de la ley de oferta y demanda nos vamos a dar cuenta que si cerramos más empresas, ofrecemos menos bienes y servicios”, argumentó.

Asimismo aseveró que está situación causará desestimulo no solo en el sector comercial sino también en la producción del país.

 “La reflexión que nosotros hacemos de arranque, es precisamente otra carga más que va sobre los hombros de los empresarios pareciera que el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) se quedó corto y estamos bajo una nueva figura tributaria”.

Núñez manifestó que para finales de año,  además de que tengan que pagar los ISLR, se les sumará otro tributo que es el impuesto a grandes patrimonios.

Ahora bien, una persona natural deberá cancelar al Estado por sus bienes 36 millones de unidades tributarias y 100 las jurídicas. Lo que equivale del 0,25 al 1,5% del patrimonio de los activos.

Hiperinflación fortalecida

Raúl Gil, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, asegura que la ley solo logran fortalecer aún más la hiperinflación de Venezuela.

“Es una ley que viola varios principios constitucionales, específicamente el artículo 316 y 317 de la Ley de la República Bolivariana de Venezuela que establecen los principios de legalidad”.

Además argumentó que también viola el principio de capacidad económica del contribuyente, puesto a que especifica que es aplicable esta ley a los sujetos pasivos, quienes son los contribuyentes especiales y nombrados por la administración tributaria.

“Hay que destacar que la ley no es clara, en cuanto a que el contribuyente pueda identificar cuáles son los activos que va a declarar”, dijo.

Asimismo señaló que hay una serie de potestades que se le da a la administración tributaria, pueda ser al costo o pueda ser al valor del mercado.

Como también puede ser ajustado de acuerdo al uso de la moneda legal o al índice de inflación o por el valor establecido por un tribunal, pero en sí no hay claridad en la determinación del patrimonio.

El presidente de Camcaroní finalizó, diciendo “ningún país en el mundo sale adelante sin el sector privado”.

Por Diana Karina Medina

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