

Cruzar el portón del Liceo Ramón Antonio Pérez no solo requiere sortear la maleza y el óxido, sino también romper un estricto pacto de silencio. En la comunidad de Pinto Salinas, en la parroquia Simón Bolívar de San Félix, las órdenes del Ministerio de Educación son claras: las puertas de este plantel de 56 años deben permanecer cerradas para los ojos extraños. Los periodistas no pasan; los directivos callan. Se necesita un permiso burocrático de la Zona Educativa para registrar lo que ya es un secreto a voces en toda Ciudad Guayana: las aulas se están convirtiendo en escombros.
Hace apenas una semana, la institución cumplió un año más de fundada. El aniversario no trajo pintura ni pupitres nuevos, solo el amargo recuerdo del abandono. A un extremo del paredón exterior, una vieja valla de metal oxidado resiste como un fósil del pasado. En ella aún se leen los nombres de una contratista, de ingenieros residentes, inspectores y una cifra millonaria de una rehabilitación que hoy parece un mal chiste de ficción.

El mapa del colapso
Pero el deterioro es un monstruo grande que no sabe esconderse detrás de las prohibiciones oficiales. Desde la calle se observa la cerca perimetral vencida en el suelo, devorada por la basura acumulada. Lo que alguna vez fue una cancha deportiva hoy es una ruina de cemento agrietado.
Al acercarse, el aire se vuelve pesado. El olor a cloaca delata el colapso de la red de aguas negras: un tubo expuesto descarga los desechos directamente sobre una alcantarilla abierta, impregnando las paredes cubiertas de hongos y humedad. De los salones donde alguna vez sopló el aire acondicionado solo quedan los protectores de hierro vacíos; las ventanas fueron selladas para frenar la delincuencia.
Adentro, el panorama es sombrío. Los pasillos permanecen en una penumbra perpetua y las aulas carecen de luz, un testimonio mudo del paso del hampa que arrasó con todo el cableado eléctrico. En el área de comedor, la cocina apenas sobrevive, desprovista de las condiciones mínimas para alimentar a los casi 600 alumnos que acuden diariamente divididos en dos turnos.
Estudiar en la línea de fuego
El verdadero peligro acecha al mirar hacia arriba. El segundo piso del liceo tuvo que ser clausurado por completo. Es una zona fantasma debido al riesgo inminente de un desplome; el techo se cae a pedazos, el mobiliario escolar está destrozado y las baterías de baños son inservibles. Allí, el silencio solo se interrumpe por el crujido del concreto que cede al pasar de los días y en tiempos de invierno.
Fuera de los muros, la presión social y la inseguridad estrechan el cerco. Los terrenos que antes pertenecían al plantel ahora albergan tres invasiones informales. Las toneladas de desechos sólidos se acumulan a escasos metros del portón principal, el mismo que la comunidad escolar tuvo que reforzar a toda prisa luego de que una turba de sujetos armados intentara agredir a los estudiantes.
A pesar de las cartas, las fotografías detalladas y los videos enviados por los docentes al Ministerio de Educación, las respuestas no llegan.
En el Liceo Ramón Antonio Pérez, el peligro es latente y cotidiano. Sin embargo, en medio de la oscuridad física y estructural, lo único que se mantiene en pie es la mística inquebrantable de los profesores y obreros. Ellos, con las uñas, sostienen el derecho a la educación de 600 jóvenes que se niegan a dejar que su futuro sea sepultado por el olvido.
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